La sociedad se ha visto obligada a dar un salto de fe hacia la digitalización de la mayoría de las interacciones diarias. Esto ha supuesto cambiar por completo el uso de nuestro entorno y los espacios donde habitamos, ha acelerado cambios y ha dejado obsoletas muchas de las tendencias que iban a marcar el cambio de década. Por ejemplo, los espacios de trabajo se han convertido, para muchas empresas en algo redundante. Como indicaba en este encuentro el presidente de la Escuela de Pensamiento de la Fundación Mutualidad de la Abogacía, José Miguel Rodríguez-Pardo, “el teletrabajo acabará siendo un derecho y cambiará completamente las relaciones sociales”.
Si bien para muchas compañías el modelo descentralizado puede suponer un gran avance, los expertos ponen en duda su aplicación en otros ámbitos como el de la educación. La Dra. María Luz Durban confirmaba que “la pandemia ha llevado a las universidades a darse cuenta de que el estudiante tradicional de Grado no está preparado para la formación 100% online, y que la semipresencialidad es algo coyuntural”.
Por su parte, Laura Duque, coordinadora Escuela de Pensamiento añade que, “las repercusiones de la COVID pueden ser enormes y que pueden impactar de manera directa en creencias que veníamos defendiendo como la economía colaborativa”; desde el carsharing a los activos inmobiliarios alternativos como puedan ser los espacios de coworking o las residencias de estudiantes, que, en los últimos años, han tomado un fuerte protagonismo en las carteras de los inversores.
El Dr. Antonio López Farré aportó su visión sobre otro sector que se encuentra en proceso de transformación, el de la salud: “La pandemia de COVID-19 impactará en la esperanza de vida y en la industria farmacéutica. Por ejemplo, determinados tratamientos pueden hacer que las personas reaccionen de peor forma a la enfermedad, por lo que todo esto será motivo de estudio a futuro para la industria farmacológica”. El Dr. Juan Manuel Martínez hizo especial énfasis en la disminución de la esperanza de vida. Además de las consideraciones legales, éticas y humanas que este hecho supone, destacó que “el grupo de personas mayores consume el 11% del PIB (más de 130.000 millones de euros al año), por lo que no podemos olvidar que este colectivo es un gran consumidor y un generador de riqueza”.
Otro de los grandes debates que esta singular situación ha reabierto es el de la instauración de un ingreso mínimo vital (IMV), sobre lo que José María Palomares, director de la Fundación Mutualidad Abogacía destacó que, aunque los 3.000 millones de euros aprobados supondrán una ayuda para 850.000 familias, “el importe que se dedica globalmente al IMV es muy bajo en comparación con otras partidas de carácter social y teniendo en cuenta la población total de nuestro país”. Asimismo, la Dra. Amelia Valcarcel Bernaldo de Quirós señaló que el IMV es algo muy positivo “siempre que no sea un inconveniente para las cuentas estatales”, advirtiendo que “el seguimiento de la medida será clave para poder hacer una mejor política pública”.
Por su parte, José Miguel Rodríguez-Pardo indicó que esta prestación “debería ser un derecho constitucional en una sociedad igualitaria” como la nuestra. En la misma línea, el Fernando Ariza, director de la Escuela de Pensamiento incide en la idea de que “esta medida es necesaria para abordar la solidaridad con las personas más desfavorecidas”. Aunque, tal y como señala el Dr. Martínez, “no resuelve el problema de la precariedad”.
Durante este encuentro, también se debatió sobre otra vertiente del IMV: los riesgos que puede suponer. Así, José Miguel Rodríguez-Pardo advierte de la posibilidad de que el IMV “pueda percibirse como una paga que desconecte a cierta parte de la población del empleo”, a lo que el Dr. Carlos María Romeo añadió el “es probable que se desincentive el acceso al mercado de trabajo”.
