El pasado 13 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la conocida como ‘Ley Zerolo’, que tiene como objetivo prevenir y eliminar todas las formas de discriminación existente en el ordenamiento jurídico español. Una ley que establece que ninguna persona podrá ser discriminada por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Además, el texto destaca la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuyo personal será, con carácter general, funcionario de carrera de las administraciones públicas o, en su caso, personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones en materia de igualdad de trato y no discriminación.
La Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad Abogacía concebida como un independiente espacio solidario de opinión y reflexión intergeneracional que, desde diferentes áreas del conocimiento, aporta valor a toda la sociedad y actores vinculados con la nueva longevidad, celebra la incorporación de esta nueva iniciativa legislativa por el avance que supone en la lucha por discriminación por cuestión de edad y la erradicación del edadismo como delito de odio.
Conscientes del valor capital que este nuevo texto jurídico supone para la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas mayores, y tras ser una de las entidades pioneras en analizar el alcance de la ley de manera exhaustiva por miembros del Consejo Científico expertos en la materia, quiere compartir algunas cuestiones que son mejorables en su aplicabilidad ya que esta se encuentra poco definida.
La Ley 15/2022 del 12 de julio dispone de tal amplitud, que en algunos momentos de su articulado se percibe falta de concreción promoviendo de manera involuntaria el riesgo de que se produzca “la inversión de la carga de la prueba, con el descargue de la culpa”. Una realidad que podría conllevar al incremento de la litigiosidad -individual o sectorial-, instando a los propios tribunales a que sean ellos quienes den forma a la nueva norma.
A pesar de las posibles áreas de mejora que desde el Consejo Científico se han identificado en el documento, Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad Abogacía quiere seguir apostando por ser uno de esos actores vinculados que puedan favorecer a través de sus distintas iniciativas o relaciones, a la mejora de la calidad de vida de las personas de edad. Por ello celebra la publicación de esta poniéndose a disposición de las autoridades competentes en la materia, para la mejora y puesta en marcha de la vigente ley.
