El acuerdo establece un marco general de actuación para poner en marcha proyectos específicos en materia de investigación, consultoría tecnológica y asesoramiento mutuo, cuyos resultados permitan contribuir a facilitar la interacción del conjunto de los ciudadanos con el servicio público de justicia.
De esta forma, Fundación Mutualidad Abogacía se compromete a poner en marcha un proyecto de investigación, dotado hasta con 30.000 euros, que identifique las necesidades reales del ciudadano analógico de la España despoblada (especialmente el adulto mayor), en su relación con la administración. Para ello, Fundación Mutualidad Abogacía elaborará un estudio sobre el estado actual de la accesibilidad en las relaciones de los ciudadanos de mayor edad con el sector público, partiendo para ello de una muestra de trámites y servicios considerados relevantes que dependan de la Administración General del Estado o de otras administraciones públicas.
Tras esta investigación, se realizará un proyecto de consultoría tecnológica con el objetivo de desarrollar un marco de servicios tecnológicos que deberían tener las Oficinas de Justicia en los municipios para ofrecer una solución global que pueda proporcionar una atención integral para la transformación digital de dichas oficinas.
En paralelo, Fundación Mutualidad Abogacía elaborará un estudio de corte académico-científico, que analizará las dificultades del acceso a la Justicia de las personas mayores y las posibles reformas legislativas de naturaleza procesal y sustantiva que puedan contribuir a la consecución de una justicia más accesible.
Por su parte, el Ministerio de Justicia se compromete a colaborar con Fundación Mutualidad Abogacía en el desarrollo de los todos los proyectos, facilitando la información que fuera necesaria para su realización y la difusión de estos a través de los canales a su alcance.
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia del Gobierno de España, ha destacado la importancia de este acuerdo para afrontar “el reto demográfico y atender a los grupos más vulnerables”. Y ha añadido que en Justicia todos los actores están conectados en el territorio y que esta firma es un paso más para tener una Justicia “más eficiente y que tenga a la ciudadanía en el centro”.
Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de Mutualidad de la Abogacía y de Fundación Mutualidad Abogacía, ha agradecido a D. Juan Carlos Campo su implicación personal en este acuerdo de colaboración y ha declarado que, “La vocación de Fundación Mutualidad Abogacía, desde su constitución, es convertirse en un verdadero agente de cambio, que -a través de valores como la innovación o la colaboración- ayude a los profesionales del Derecho y a la sociedad en general a alcanzar una mejor calidad de vida. En este sentido, acelerar la transformación digital del Servicio Público de Justicia -eje vertebrador de la estrategia Justicia 2030- se antoja como un aspecto fundamental para dotar de mejores servicios a los ciudadanos y una Justicia más accesible para todos”.
