El 9 de abril de 2024, en una sentencia histórica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Suiza por inactividad frente al cambio climático.
El Tribunal reconoció que el país europeo había violado los derechos humanos de las personas mayores al no poner en marcha medidas suficientes para frenar el calentamiento global.
Esta sentencia llegaba después de que un grupo de mujeres suizas mayores de 65 años, denominadas así mismas “abuelas por el clima” (KlimaSeniorinnen), llevara a su país ante el tribunal de Estrasburgo al considerar que sus vidas están amenazadas por las extremas olas de calor, causadas por el cambio climático y la falta de un fuerte compromiso de los gobiernos ante esta emergencia planetaria.
El TEDH les dio la razón tras valorar que no cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero vulnera los derechos fundamentales de las personas, establecidos en los artículos 2 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que incorporan como tal el derecho a la salud y a la vida, así como a una vida privada y familiar sin injerencias.
“Nosotras, las mujeres mayores, estamos particularmente afectadas por los efectos del calentamiento global”, explicaba la asociación suiza en un comunicado de prensa tras la sentencia del TEDH.
La organización KlimaSeniorinnen, compuesta por más de 2.500 mujeres con una edad promedio de 73 años, inició su reivindicación en el año 2016, convirtiéndose así en un emblema del activismo de la sociedad civil en la lucha contra la emergencia climática y defensa de los derechos humanos.
Estas mujeres han puesto de manifiesto el vínculo indivisible de los problemas medioambientales con la salud y una vida digna y de calidad para todos.
Todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente limpio y saludable que garantice el desarrollo de una vida adecuada. Sin embargo, con la intensificación de la crisis climática, estos derechos se encuentran cada vez más amenazados en nuestra sociedad, especialmente entre el colectivo de personas mayores por su especial vulnerabilidad.
Podríamos afirmar que el cambio climático es la mayor amenaza para los derechos humanos en el siglo XXI porque afecta no sólo al medioambiente, sino al disfrute efectivo de aspectos como la vida, la salud, el agua y el saneamiento, los alimentos, la vivienda, la cultura o el desarrollo social, entre otros.
Mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 °C sobre los niveles preindustriales es crítico para los ecosistemas del planeta Tierra, así como para mitigar los impactos negativos del clima sobre los derechos fundamentales de las personas.
La asociación suiza de “abuelas por el clima” (KlimaSeniorinnen) sabe muy bien de lo que habla: el cambio climático ya no es una amenaza remota. Es una realidad con la que estamos empezando a convivir y que está afectando, de manera muy negativa, a la vida de la población mundial.
Las olas de calor registradas durante los últimos periodos estivales no son un fenómeno aislado. Estos fenómenos extremos son una consecuencia de la inestabilidad climática, provocada por el devastador, y cada vez mayor, calentamiento de nuestro mundo.
Los gases de efecto invernadero en la atmósfera se encuentran en los niveles más altos de la historia de la humanidad. Desde 1850, las actividades humanas han provocado que aumente en un 48% la concentración de CO2 en nuestro planeta. Antes, fueron necesarios más de 20.000 años para incrementar de forma natural esa misma cantidad de CO2.
En 2023, se batieron 550 récords en los termómetros en España. En 2024, hemos vivido el enero y febrero más cálido de la historia. La temperatura del planeta ha aumentado más rápido desde 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante los últimos 2.000 años. Además, los expertos estiman un incremento de la temperatura del aire en superficie de entre 1,8°C y 4°C para el año 2.100.
La Antártida está perdiendo 151.000 millones de toneladas de hielo al año. Cada año desaparecen más de 12 millones de hectáreas a causa de la desertificación, la degradación del suelo y la sequía. Y, los incendios forestales se prolongan durante más tiempo y son mucho más agresivos.
Estos datos nos dejan una preocupante conclusión: no estamos siendo capaces de mitigar el cambio climático y las evidencias científicas demuestran que su impacto es cada vez peor. Esto supone una gran incertidumbre para un futuro próximo por sus graves consecuencias no sólo medioambientales sino también económicas, sociales y sobre la salud de las personas.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la mayor red científica del mundo dedicada a analizar este fenómeno, advierte que el calentamiento global empeora cuestiones como la pobreza o la vulnerabilidad social, entre otras.
Asimismo, existe un consenso científico generalizado en torno a la idea de que la salud y el bienestar de las personas están íntimamente vinculados a la calidad ambiental.
Cada vez hay más muertes atribuidas al cambio climático en Europa y las personas mayores son uno de los colectivos que salen peor parados ante este problema, siendo España uno de los ejemplos más alarmantes de nuestro continente.
En este sentido, una variable de especial importancia en la mortalidad por cuestiones climáticas es el índice de envejecimiento. A mayor envejecimiento de la población, los efectos sobre la salud de los fenómenos meteorológicos adversos, como el calor extremo, se agravan considerablemente.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que en el año 2035 la población mayor de 65 años representará el 26% del total de la población española y en 2050 esta cifra aumentará hasta el 30%. Po lo que, teniendo en cuenta el contexto de emergencia climática en el que vivimos, la situación podría llegar a ser extremadamente preocupante y tener importantes consecuencias sobre la salud pública y el desarrollo socioeconómico en un breve espacio de tiempo.
Según un estudio publicado por Nature Medicine, los efectos de las altas temperaturas en 2022 causaron más de 61.000 muertes en Europa, 11.000 de ellas tuvieron lugar en España, el país más afectado después de Italia.
La mortalidad prematura atribuible al calor fue un 63% superior entre la población femenina y más de la mitad de las muertes fueron de mayores de 79 años. Asimismo, esta mayor vulnerabilidad de las mujeres al calor es especialmente llamativa en mayores de 80 años, donde la tasa de mortalidad es un 27% superior a la de los hombres.
Otro informe elaborado por el Barcelona Supercomputing Center y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), The Lancet Countdown in Europe 2024, resalta que, durante el periodo 2013-2022, las muertes relacionadas con el calor aumentaron significativamente en comparación con la década anterior, registrando un promedio de 17 muertes adicionales por cada 100.000 habitantes en la mayor parte de Europa. Si ponemos el foco sobre España, los datos son aún peores: 39.9 muertes adicionales por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media europea de 17. Además, este informe también señala que las mujeres y las personas de hogares con bajos ingresos, tienen el doble de probabilidad de sufrir muertes relacionadas con el calor extremo.
El informe también pone de manifiesto que un aumento generalizado de las temperaturas tendría como consecuencia que se realice una menor actividad física entre la población, lo que podría traducirse en un aumento de enfermedades cardiovasculares en el conjunto de la sociedad.
El cambio climático también aumenta la prevalencia de patógenos y enfermedades infecciosas. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la salud de millones de personas está amenazada por el aumento de enfermedades como el paludismo, la desnutrición, y otras transmitidas por el agua. La OMS calcula que el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales al año entre 2030 y 2050 como consecuencia de las modificaciones en las características de las enfermedades.
Adicionalmente, numerosos estudios han descrito los efectos del cambio climático sobre la seguridad alimentaria. Así, 155 millones de personas se vieron abocadas a la inseguridad alimentaria aguda en 2020 debido a las condiciones meteorológicas extremas, según afirma el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
No cabe duda de que, ante este nuevo panorama, es fundamental implementar mayores políticas para paliar los efectos del cambio climático en la salud pública. Algunas opciones son mejores sistemas de alerta, nuevos planes de prevención, más información a la población y la formación y adaptación de los servicios sanitarios públicos, entre otras posibilidades.
Aunque, sin duda, el mejor mitigador es la acción conjunta de las instituciones públicas y privadas para lograr una transición hacia una economía más respetuosa con el medioambiente.
Por otro lado, el cambio climático impacta, en mayor medida, sobre los grupos más desfavorecidos socioeconómicamente. En las próximas décadas, las continuas catástrofes naturales pueden suponer un retroceso importante en gran parte de los progresos alcanzados durante las últimas décadas por lograr sacar a los hogares de la pobreza.
En los próximos 10 años el cambio climático podría sumir en la pobreza a 100 millones de personas en todo el mundo. Esta y otras conclusiones se extraen de los informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que ya une, sin lugar a duda, el cambio climático y la vulnerabilidad social como dos fenómenos fuertemente vinculados entre sí. Desde la Red se afirma que las personas en situación de pobreza son las principales víctimas del cambio climático.
En este sentido, el 80% de las personas que padecen hambre en el mundo viven en zonas propensas a las catástrofes naturales y al clima extremo. La producción de cultivos, así como la disponibilidad de alimentos a precios asequibles se ve afectada por las sequias e inundaciones, cada vez más frecuentes y graves.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cambio climático es un factor que contribuye a que 152 millones de niños y niñas menores de 18 años trabajen en todo el mundo.
En la era de la falta de salud mental, la ansiedad climática es un concepto que muchos jóvenes han comenzado a padecer. Según un estudio de Unicef, el 40% de los jóvenes, de 163 países diferentes, se replantean la idea de tener hijos por culpa de los efectos negativos del cambio climático.
Por lo tanto, no cabe duda de que el cambio climático y la desigualdad social son dos de los grandes retos de este siglo y, además, son conceptos vinculados que deben abordarse conjuntamente mediante una estrategia integrada. O, dicho de otra manera, las brechas sociales se deben abarcar con un enfoque multidimensional, que incorpore conjuntamente la sostenibilidad social y la medioambiental.
A estos grandes desafíos planetarios, que ya vienen de lejos, hay que unirle los que trae consigo una sociedad cada vez más longeva y envejecida. Esto podría poner en peligro los avances socioeconómicos logrados en las últimas décadas, ya que deberíamos de ser capaces de integrar la variable del envejecimiento en las políticas de desarrollo sostenible actuales.
Todo ello no puede ser resuelto únicamente por las instituciones públicas, privadas o la sociedad civil, ya que se requiere de una acción conjunta que implique activamente a todos los agentes involucrados, contribuyendo a alcanzar unas metas comunes para el bien de todos como sociedad.
El 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos se fijaron dentro de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, que pretende involucrar a gobiernos, empresas, sociedad civil y también a las personas a título individual para lograr un planeta más próspero y justo para todos.
La Agenda proyecta un mundo que, en el año 2030, haya erradicado la pobreza, la desigualdad o la exclusión, entre otras cuestiones. Un planeta en el que las personas puedan llevar una vida digna, segura y saludable.
Para ello, los ODS listan 17 desafíos estrechamente interrelacionados entre sí y que cubren aspectos como el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar o la acción por el clima, entre otros.
Asimismo, el Instituto Danés de Derechos Humanos ha mapeado los ODS comparándolos con los derechos humanos existentes. En este sentido, se puede afirmar que el 90% de los ODS se basan en las normas de derechos humanos internacionales. Por lo tanto, la defensa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se vincula directamente con el respeto de las obligaciones existentes en los tratados de derechos humanos.
La Agenda 2030 es un paquete interconectado e indivisible, que requiere considerar todas sus dimensiones (ambientales, sociales y económicas) a la vez para alcanzar un verdadero desarrollo en el planeta.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben afrontarse desde una perspectiva multidisciplinar, donde se tenga en cuenta la forma en que interactúan todas las metas.
Asimismo, es necesario contar con medidas concretas para alcanzar los Objetivos de manera integrada, es decir, de forma que los avances en un tema no perjudiquen los avances en otros. O, dicho de otra manera, no se podrán lograr objetivos sociales tales como el fin de la pobreza o el de salud y bienestar, entre otros, sino se aborda, a la vez, la dimensión medioambiental de la Agenda.
Por ejemplo, la reducción de la contaminación del aire no sólo tiene un efecto positivo en las metas medioambientales, sino que es una condición necesaria para luchar contra algunas enfermedades como las respiratorias.
Este abordaje holístico de los ODS es totalmente coherente con las reivindicaciones de la asociación suiza de mujeres mayores (KlimaSeniorinnen) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ya que la inactividad frente al cambio climático afecta directamente a la posibilidad de disfrutar de la vida digna, segura y saludable que promueve la propia Agenda 2030.
La humanidad está experimentando una revolución en la esperanza de vida, por lo que una proporción muy significativa de la población mundial son, cada vez más, personas mayores. Este cambio demográfico tiene importantes implicaciones a la hora de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como otros marcos normativos internacionales.
El lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es «no dejar a nadie atrás» y llegar antes a las personas más vulnerables; o dicho en términos de derechos humanos, se deben priorizar aquellos grupos afectados por prácticas discriminatorias, marginación y que no pueden disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales.
Por lo tanto, las personas mayores, un colectivo especialmente vulnerable en lo que respecta a la discriminación, deben estar integradas en los programas y políticas de desarrollo sostenible. Sin embargo, la mención específica del colectivo sénior en la Agenda 2030 es bastante limitada. Así mismo, existe cierto consenso en la comunidad internacional al considerar que no existen instrumentos suficientes para proteger y promover adecuadamente los derechos de las personas mayores.
Aunque no se puede obviar que una gran cantidad de los ODS son relevantes para el bienestar y el pleno goce de los derechos humanos de las personas mayores, no se cubren de forma directa algunos de los principales desafíos de las sociedades longevas tales como los cuidados, la dependencia, la soledad no deseada o su especial vulnerabilidad ante el cambio climático y los problemas de salud derivados de éste, entre otras.
En el marco de la Agenda 2030, que actualmente orienta las decisiones de los gobiernos y de las estrategias de desarrollo sostenible de las instituciones privadas, es necesario explorar la convergencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 2030 con las reivindicaciones y problemas más importantes de las personas mayores. Sus voces deben ser escuchadas en la formulación y aplicación de políticas de sostenibilidad.
Así, en el marco del ODS 16, los gobiernos deben garantizar que existen mecanismos de toma de decisiones inclusivos, participativos y representativos. En particular, se ha de asegurar que estos mecanismos promueven la voz de las personas sénior.
En definitiva, de todo lo anterior se concluye que, en el marco internacional de desarrollo sostenible actual, no existen suficientes herramientas para proteger y promover los derechos de las personas mayores, así como su especial vulnerabilidad ante determinados fenómenos emergentes.
Debemos ser capaces de proporcionar instrumentos universales que protejan sus derechos desde una perspectiva holística y que favorezcan que los asuntos que más les perjudican cuenten con soluciones efectivas. De lo contrario, la discriminación contra las personas mayores y la vulneración de sus derechos fundamentales no será erradicada en este siglo.
Bibliografía.
