Fernando Ariza, director general adjunto de Mutualidad de la Abogacía ha sido entrevistado por diario económico elEconomista en su suplemento especial de Pensiones. El periodista, Gonzalo Velarde se ha interesado por conocer, de primer mano, la opinión de Fernando sobre el efecto que puede tener en pensionistas y trabajadores las medidas que se desplegarán en la ley de Seguridad Social.
A continuación, reproducimos la entrevista completa que también se puede leer en el propio medio (enlace):
«La separación de fuentes no es la solución a la ansiada sostenibilidad del Sistema»
Con la reforma de pensiones en ciernes, el director general adjunto de Mutualidad de la Abogacía, Fernando Ariza atiende a elEconomista Pensiones con una primera aproximación del efecto que puede tener en pensionistas y trabajadores las medidas que se desplegarán en la ley de Seguridad Social, y que ahora se negocia con patronal y sindicatos en el Diálogo Social para concretar definitivamente. Y que podría implicar entre otras cuestiones, un endurecimiento de las prejubilaciones y la estipulación por ley de la revalorización con el IPC.
En líneas generales, ¿cree que el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo profundiza lo suficiente en las reformas que necesita la Seguridad Social para afrontar las jubilaciones de los españoles en las próximas décadas?
Este acuerdo alcanzado en el seno del Pacto de Toledo es por sí solo una buena noticia. Y es que, tras varios años de tensión política protagonizados por un incremento del gasto en pensiones y una caída de los ingresos por cotizaciones que se ha visto agravada por los efectos de la pandemia, se consigue al menos poner unas bases mínimas sobre las que poder construir un renovado diálogo social que termine alumbrando la necesaria y urgente reforma del sistema público de pensiones. Pero no cabe duda que, si queremos conseguir un sistema de pensiones sostenible y unas pensiones dignas, suficientes y equitativas, debemos instar a los poderes públicos a tomar otro tipo de decisiones mucho más estructurales lo antes posible. Sin duda este acuerdo del Pacto de Toledo no propone la necesaria transformación del sistema.
¿Cómo valora la separación de fuentes de financiación del sistema que prevé ya transferencias periódicas del Presupuesto a la Seguridad Social para hacer frente a las partidas de gasto?
No discuto la idoneidad de financiar los llamados “gastos impropios” vía presupuestos. Pero seamos también conscientes que, al menos hasta ahora, la financiación del déficit de las pensiones ha pasado siempre por aumentar el endeudamiento público, y el cambio hacia una separación de fuentes de financiación es una medida que debería ir acompañada de otras de carácter estructural que la complementen. No podemos pensar que esta medida sea por sí sola suficiente, ni estructural, ni mucho menos que de solución a la ansiada sostenibilidad del sistema, pues si bien es cierto que estaremos aliviando las arcas de la Seguridad Social, la financiación de estas partidas de gasto será a través de impuestos, por lo que el problema no desaparece, sólo se transforma.
Sobre la revalorización de las pagas con el IPC, ¿le parece correcto el indicador teniendo en cuenta la volatilidad experimentada en los últimos años?
El entorno de incertidumbre y volatilidad no debe ser una excusa, pues este nos acompaña de forma permanente desde hace ya algunos años. Si bien el debate público se ha enfocado permanentemente en tratar de conjugar los principios de sostenibilidad del sistema con los de suficiencia y equidad de la pensión, una de las principales recomendaciones del Pacto de Toledo pasa por mantener, por Ley, la revalorización de las pensiones en base al IPC real. Dado que su financiación no está ahora mismo garantizada, es discutible la oportunidad de la medida si esta no va acompañada de una reforma estructural del sistema que garantice su financiación y sostenibilidad en el largo plazo. Y es que, teniendo en cuenta que ahora la inflación es baja, resulta fácil decirlo y ejecutarlo, pero el reto vendrá el día que tengamos una inflación más elevada y una mayor presión demográfica sobre el sistema, pues en ese momento los gastos se dispararán.
¿Cómo valora la revolución del ahorro privado que trata de impulsar el Gobierno?
Recibimos con satisfacción y mucha expectación las declaraciones del ministro Escrivá anunciando la posibilidad de crear un sistema de planes asociados de empleo, siguiendo quizá el modelo NEST británico cuyo promotor sería el Estado y siempre bajo gestión privada. Esta es sin duda una medida necesaria para complementar la más que probable merma de la pensión pública en el futuro. Sin embargo, estos movimientos orientados a “impulsar la implantación efectiva de los planes de empleo” del segundo pilar, no deben ser nunca a cambio de eliminar los estímulos fiscales del tercer pilar en su fase de acumulación como también se ha propuesto desde el propio Pacto de Toledo. Debemos entender que ambos sistemas de previsión son necesarios y complementarios entre sí, nunca sustitutivos uno del otro.
¿Será una buena opción para pymes y autónomos el fondo estatal de pensiones que promoverá el Ejecutivo?
Toda medida encaminada a mejorar la previsión de los ciudadanos siempre debe ser una buena noticia, y por supuesto también lo debería ser para el colectivo de pymes y autónomos. Que se convierta en una buena opción o no dependerá de cómo finalmente se articule ya que, aunque es de sobra conocido que, debido al colapso de la cadena de pagos y las dificultades de liquidez, estos han sido, en términos generales, el colectivo de ciudadanos más perjudicado económicamente por la pandemia. Por ello, no tomar las medidas adecuadas en la reforma del sistema respecto del ahorro privado, ya sea a través del segundo o del tercer pilar de previsión, volvería a castigarles de nuevo.
¿Qué finalidad puede tener a favor del ahorro la limitación de la desgravación a los planes individuales de pensiones, los del tercer pilar?
La limitación de los beneficios fiscales para los planes de pensiones del tercer pilar de previsión es claramente un paso atrás si lo que buscamos es garantizar una pensión y una calidad de vida digna de los ciudadanos una vez jubilados. El motivo de esta afirmación es doble, por un lado, porque nos puede llevar a una doble imposición de las rentas del trabajo, algo que resulta inconstitucional y, por otro, porque resulta fundamental que los ciudadanos vean recompensado de forma inmediata el esfuerzo de ahorrar, y la desgravación fiscal lo es, aunque realmente se trata tan sólo de un mero diferimiento del pago de sus tributos.
¿Qué impacto sobre la cobertura del ahorro pueden tener en nuestro país las medidas impulsadas por el Gobierno?
En primer lugar, y lo que parece más obvio, la reducción de las ventajas fiscales que suponen las nuevas medidas presumiblemente puede provocar una reducción de las aportaciones al ahorro finalista por parte de los ciudadanos. Sin embargo, la situación de emergencia económica motivada por la Covid-19 ha provocado un cambio en los patrones de comportamiento de los ciudadanos hacia un ahorro más precautorio que, de no consumirse porque la situación económica de los hogares así lo permitiera, algún día se transformará en ahorro previsional para la jubilación, o al menos eso debemos tratar de conseguir como sociedad. Además, no se nos debe pasar que, desde un enfoque mucho más global, ahorrar no es solo retrasar el consumo del hoy al mañana. Ahorrar también permite que el conjunto de la economía productiva se financie, circunstancia de la que todos nos beneficiamos. Es decir, cada uno nos beneficiamos de nuestro propio ahorro y todos del ahorro de los demás.
¿Qué medida echa de menos en el acuerdo del Pacto de Toledo para la reforma del Sistema de pensiones?
Necesitamos unos pilares robustos de previsión social pública y complementara que hagan de nuestro sistema de pensiones un modelo sostenible y equitativo para todos. Por eso son necesarias medidas estructurales lo antes posible que impulsen una transformación radical del sistema. Y es que, hasta ahora, seguimos financiando el déficit del sistema con deuda que, tras la Covid-19, podría aumentar por encima del 120% sobre el PIB. ¿Cuántas generaciones pagarán esta deuda? ¿Es esta la herencia que queremos para nuestros hijos? ¿No estaremos rompiendo el pacto intergeneracional?
