El Indicador de calidad de vida digna de las personas mayores: consideraciones de género ha analizado la desigualdad entre hombres y mujeres de 65 o más años en Europa. La conclusión general es que las mujeres sufren una desigualdad de entre 0,4 y 1,3 puntos frente a los hombres. Por ello, su primera recomendación para acortar esta brecha apunta a las pensiones, “un instrumento fundamental para garantizar una vida digna”, señala. Pero ¿cuáles son las claves para avanzar hacia un sistema de pensiones más justo, equitativo y sostenible?
Así son las pensiones en España
Para entender el horizonte futuro de las pensiones conviene recordar de dónde partimos. El gasto de las pensiones contributivas en España se sitúa en 11.902 millones de euros al mes, el 11,7% del PIB del país, según datos de enero del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cifra recoge una revalorización de las pensiones del 8,5%, conforme al IPC.
De las 10.009.149 pensiones contributivas abonadas mensualmente, 6.320.939 son de jubilación, el 60% percibidas por hombres. De viudedad son 2.354.136; de incapacidad permanente, 948.476; de orfandad, 340.750 y en favor de familiares, 44.848. A estas cifras hay que añadir 692.177 pensiones denominadas de Clases Pasivas del Estado, fundamentalmente correspondientes a personal militar y funcionarios.
Pero no todos los pensionistas reciben una cobertura igual. El análisis en profundidad arroja diferencias notables según el régimen al que se ha cotizado o el género.
En este contexto, la revisión y sostenibilidad de las pensiones es todavía una asignatura pendiente en España, sobre la que Bruselas tienen puesta su mirada. Desde la UE se exige un plan de equilibrio entre ingresos y gastos para un plazo mínimo de 30 años del sistema. La última iniciativa del Gobierno ha sido el Real Decreto-ley 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Avanzar hacia un sistema más equitativo: dos visiones
Aprobado el pasado marzo con el compromiso de tramitarlo también como Proyecto de Ley, esta iniciativa legislativa debe impulsar la modernización del sistema y “eliminar la incertidumbre de los pensionistas presentes y futuros”. Según explicó José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “además, pone el foco en mejorar las condiciones de algunos colectivos, como las mujeres, los trabajadores autónomos, los pensionistas más vulnerables, los trabajadores con carreras irregulares o los jóvenes”.
La reforma toma en consideración las recomendaciones del Pacto de Toledo. Esta comisión parlamentaria se creó en 1995, “para analizar el estado de las pensiones y proponer medidas para la mejora del sistema”, ante el gran reto de la alta longevidad de la población española y la llegada a la jubilación de la generación del baby boom.
Sin embargo, voces cualificadas como las del Instituto de Actuarios Españoles consideran que “la reforma se ha centrado en el aumento de los ingresos, sin incluir apenas esfuerzos para la racionalización de los gastos. Esto supone cargar todo el esfuerzo en los actuales y futuros cotizantes, y, muy particularmente, sobre los más cualificados”.
En su opinión, la reforma debería haber puesto sobre la mesa otro tipo de medidas, en línea con la reforma realizada en otros países de nuestro entorno. Se alude a medidas como el control del gasto futuro, refuerzo de la sostenibilidad mediante la implantación de mecanismos de ajuste automáticos; aumento de la participación de los trabajadores y reparto de los esfuerzos entre las generaciones y la responsabilidad institucional, corporativa y personal.
La reforma debería apuntar a “un mejor equilibrio entre la Seguridad Social y la Previsión Social Complementaria; vinculando la edad de jubilación con la esperanza de vida; incentivando la permanencia en el mercado laboral; y, en algunos casos, combinando con fórmulas de pensiones de aportación definida”.
Una llamada de atención a una nueva regulación que en el Real Decreto-ley se plasman en tres puntos principales:
En su opinión, “los futuros pensionistas que se encuentran razonablemente cerca ya del momento en que se jubilarán verán recortadas sus pensiones en relación con sus cotizaciones, ya que una subida del tipo de cotización no redundará en una mayor pensión”.
Sin embargo, el colectivo más desfavorecido por la subida de la base de cotización es el de actuales cotizantes alejados de la edad de jubilación, en especial los de salario más elevados: “Supone una pérdida de equidad contributiva e intergeneracional. Esto, potencialmente, va a tener consecuencias en los puestos de trabajo más cualificados y de mayor creación de valor, así como en las empresas que hacen un mayor uso de este tipo de perfiles”, afirman los actuarios.
Como conclusión, la actual reforma es vista por unos como vaso medio lleno y por otros medio vacío, pero en cualquiera de los casos no parece aportar una solución definitiva al sostenimiento del sistema. Un escenario frente al que cada vez más los ciudadanos españoles deciden completar su pensión con planes de pensiones individuales: el 20% de los españoles así lo hace, según datos de Inverco.
