HelpAge International España publica en su último informe “La discriminación por razón de edad en España” diversas conclusiones y recomendaciones para hacer frente al edadismo, la discriminación por razón de edad. Los factores biológicos, culturales y sociales inciden, junto con la fecha de nacimiento, en el modo en el que las personas mayores son representadas socialmente y, por tanto, influyen en la efectividad de sus derechos, especialmente en la medida en que el envejecimiento se caracteriza como un “problema”.
Aunque es cierto que existen numerosos trabajos que llaman la atención sobre el envejecimiento de la población y el modo en el que esto se traduce en gastos, también es necesario tener en cuenta las cuestiones de derechos implicadas.
A pesar de que no existe un concepto jurídico de persona mayor (a diferencia de lo que ocurre con los niños y las niñas), se han ido construyendo diversos estereotipos en torno a lo que significa ser mayor y que ha permitido justificar un tratamiento diferenciado en el ámbito social y en el Derecho.
En nuestro contexto, tanto desde el punto de vista sociológico, como desde el punto de vista jurídico, se tiende a considerar mayores a las personas a partir de los 65 años. Se establece de este modo una relación entre hacerse mayor y alcanzar la edad de jubilación, de tal modo que se acepta que pasan a formar parte del grupo de personas mayores quienes alcanzan la edad de los 65 años. Así se refleja en los estudios estadísticos -que suelen establecer otra franja a los 80 años- y también en numerosas normas jurídicas, como las que establecen la edad genérica para poder ocupar una plaza en una residencia de mayores, para poder participar en los programas de turismo para personas mayores o para poder permanecer en un centro de atención residencial para personas con discapacidad.
Entre las diversas recomendaciones que HelpAge International España hace en su informe destacan las relacionadas con la normativa actual. Por un lado, muestra la necesitad de incluir expresamente el fundamento de edad entre los motivos prohibidos de discriminación en todas las normas, como por ejemplo en el artículo 14 de la Constitución. Además, reclama abordar reformas dirigidas a modificar la normativa que produce o permite discriminaciones en todos los ámbitos (incapacitación, laboral, participativo, penal y protección económica) así como adoptar una Ley de Igualdad de Trato que incluya garantías de protección frente a la discriminación por razón de edad y apoyar la aprobación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores de Naciones Unidas.
En cuanto a las recomendaciones dirigidas a mejorar los planes, estrategias y políticas públicas, destaca la necesidad de incorporar o reforzar la perspectiva de edad en la agenda de las políticas antidiscriminatorias e inclusivas del Gobierno, así como de instituciones como el Defensor del Pueblo.
También se recomienda la inclusión de los derechos de las personas mayores en el Plan Nacional de Derechos Humanos y la elaboración de estrategias (estatal, autonómicas y locales) de personas mayores desde un enfoque basado en derechos y con un programa de medidas de concienciación.
Sería deseable que en España se interviniese contra la violencia hacia las personas mayores que tuviera un enfoque integral y no exclusivamente punitivo, similar al enfoque adoptado por la Ley Integral contra la Violencia de Género, y que contase con una adecuada dotación presupuestaria.
Por otro lado, son necesarias políticas públicas que combatan la soledad, ofrecan otras fórmulas residenciales como el cohousing o permitan el acceso en igualdad a los servicios de salud, educación y justicia, entre otros.
Por ello, es preciso abordar campañas de concienciación sobre los derechos de las personas mayores, formar tanto a funcionarios como a actores sociales y fomentar la creación de organizaciones de mayores.
La evidente desigualdad nos exige como sociedad que rompamos con las erróneas creencias asociadas a la vejez y para ello será preciso realizar estudios y recabar más datos que permitan conocer las discriminaciones y dificultades que viven las personas mayores, tales como informes periódicos del Gobierno y de instituciones como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía.
