Según los últimos datos de Eurostat, la esperanza de vida al nacer en España alcanzó los 83,5 años en 2018, por encima de los 81 años del conjunto de la UE. Además, la tasa de fecundidad es muy baja (de apenas 1,26 hijos por mujer en edad fértil), en comparación con la de otros países de nuestro entorno. Este envejecimiento va a producir un importante incremento en la tasa de dependencia (la ratio entre la población mayor de 65 años, inactiva, y la población de entre 15 y 64 años, activa).
Según los datos del informe del Banco del España, el envejecimiento poblacional de las próximas décadas tendrá un importante impacto en el ámbito de la política fiscal española, que se verá especialmente reflejado en el sistema público de pensiones, donde, previsiblemente, se deberán introducir medidas adicionales que den solidez al sistema. Cabe señalar que algunas decisiones tomadas recientemente, como revalorizar las prestaciones con el IPC y suspender la aplicación del factor de sostenibilidad, han supuesto la eliminación de dos importantes mecanismos de ajuste que contrarrestaban el impacto sobre el gasto en pensiones del incremento esperado de la tasa de dependencia en los próximos años. Así, para asegurar la viabilidad financiera del sistema público de pensiones será indispensable realizar un debate riguroso que aborde el nivel de prestaciones que debe proveer el sistema y de qué manera se han de movilizar los recursos necesarios para sufragarlas. Por otro lado, el incremento de la longevidad y el inminente comienzo del proceso de jubilación de la generación del “baby boom” se espera que ejerza una considerable presión al alza sobre las cuentas públicas.
Así mismo, este cambio de la pirámide demográfica tendrá su eco en el crecimiento potencial de la economía a través de su impacto en el mercado laboral del país, con especial repercusión en lo relativo a la productividad de los trabajadores. Es importante considerar que las habilidades físicas y cognitivas de las personas se deterioran a lo largo del tiempo, lo que implica una merma de su productividad y una dificultad añadida a la hora de desempeñar determinadas tareas. A esto se suma que el proceso de transformación tecnológica exige cada vez mayores competencias numéricas, habilidades en el uso de datos y la adopción de las tecnologías digitales. Todo ello redunda en la necesidad de reforzar el papel de las políticas activas de empleo y de la formación continua, así como introducir cambios específicos en las condiciones laborales. A este respecto sería conveniente que las empresas considerasen el teletrabajo en aquellos casos en los que esta posibilidad es más accesible. La evidencia disponible revela que esta opción, cuyo desarrollo se ha acelerado de forma muy significativa desde el estallido de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, resulta más atractiva y se utiliza con más frecuencia por los trabajadores de mayor edad.
El envejecimiento de la población también plantea nuevas oportunidades que es necesario considerar. Esta circunstancia demográfica resulta propicia para el desarrollo de algunos sectores en el medio plazo, como pueden ser la salud, el ocio, el turismo, el inmobiliario y el financiero. Desde este punto de vista, nuestro país cuenta con una situación de partida favorable para competir en la provisión de servicios destinados a la llamada “silver economy”, formada por la población en tramos de edad avanzados. Las condiciones geográficas y culturales de nuestro país, como el patrón de especialización sectorial que se ha desarrollado en los últimos años, puede contribuir en gran medida a impulsar algunas áreas del sector servicios. Aprovechar estas nuevas oportunidades exigirá una mayor agilidad en el sector público y en el privado, así como perseguir mejoras continuas de la calidad y de la eficiencia en la provisión de los bienes y servicios que demanda una sociedad más envejecida.
Accede al informe completo: Informe Anual 2019 Banco de España
