Cuando la estructura de edades de una población cambia, como está ocurriendo en las sociedades desarrolladas, la perspectiva de todo aquello que la rodea también lo hace. Nos referimos al hecho de que la composición poblacional puede acabar convirtiéndose en el eje fundamental de la toma de decisiones. Sobre todo porque, no nos engañemos, todo aquello que de forma genérica denominamos mercado laboral, sistema de salud, sistema de pensiones, sistema de dependencia, y demás (vivienda, educación, inversiones, riqueza, etc.) depende de una forma u otra del grueso poblacional que tengamos en cada intervalo de edad. Y si, como ocurre en la actualidad (y seguirá ocurriendo al menos en las próximas tres décadas), el número de personas concentrado en los intervalos de mayor edad aumenta, como ya se está observando y se espera en nuestro país (tabla 1), ni qué decir tiene que ámbitos tan amplios como el económico, que hasta ahora casi había pasado de puntillas por este grupo poblacional, cambia de orientación. La economía requiere, si quiere ser fuerte, adaptarse a esta nueva estructura societaria.
Tabla 1. Composición poblacional en España por intervalos de edad, mayores de 65 años
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2021)
La economía de los cuidados es uno de los ejes principales sobre los que gira la toma de decisiones en políticas de bienestar en Europa y países del entorno. La cobertura pública de cuidados de larga duración existe en diferentes países, en España desde 2007, pero en todos ellos su orientación y gestión ha sufrido o está sufriendo cambios muy relevantes.
En el punto de partida ponemos dos hechos relevantes que marcarán la investigación económica en este ámbito en los próximos años. En primer lugar, los objetivos propuestos por la Organización Mundial de la Salud en el marco del plan Década 2020-2030 del Envejecimiento Saludable, en el que se sitúa a los mayores como centro de una estrategia en la que deben confluir gobiernos, sociedad civil, agencias internacionales, profesionales, academia y sector privado para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y sus comunidades (alineado todo ello con la Agenda de las Naciones Unidas 2030 en relación a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible). En segundo lugar, los acontecimientos vividos el último año en relación a los efectos de la pandemia COVID-19, que han puesto de manifiesto la necesidad de potenciar de manera decidida aquello que pueda frenar la exposición de nuestros mayores a grandes riesgos, o que incrementen su autonomía en situaciones de confinamiento.
Potenciar la vida autónoma e independiente de los mayores, y diseñar entornos en los que su salud y atención queden garantizadas, son relevantes para garantizar un envejecimiento activo y saludable en nuestro país. Como señalábamos anteriormente, la gestión de la dependencia y los cuidados de larga duración está articulada en nuestro país desde 2007 pero las nuevas necesidades actuales, en cuanto al crecimiento significativo del número de personas en edad avanzada (aumento muy significativo del número de personas con edad superior a los 80 años para las que se espera una mayor probabilidad de caer en dependencia), y lo que ha supuesto la pandemia (no solo en los centros residenciales, sino también para las personas que viven en sus domicilios y que han tenido que vivir periodos de confinamiento en soledad) abre la puerta a la necesidad de un nuevo modelo de gestión en el que las nuevas tecnologías y productos de apoyo a los cuidados pueden ser los grandes protagonistas. Se trata de optimizar un sistema de cuidados que se centre de forma más notable en el criterio preventivo y rehabilitador de los cuidados al mayor, en el que la persona pueda percibir mejoras en su bienestar del día a día, que les permita ganar en autonomía, facilitando además mucho el trabajo realizado por sus cuidadores (formales e informales). Y esto en los centros residenciales pero, también, en sus propios domicilios.
Tres medidas son relevantes en este nuevo enfoque:
1.- Acompañar la toma de decisiones del diseño de indicadores que permitan hacer un seguimiento de la eficiencia de las actuaciones realizadas.
2.- Potenciar de manera decidida la innovación en los cuidados al mayor.
3.- Destacar la figura de los cuidadores como personas relevantes en el proceso, articulando sistemas de gestión de los servicios de cuidados que permitan optimizar la prestación del cuidado y las necesidades de la persona que lo requiere.
La implementación de políticas de cuidados tiene que ir acompañada de indicadores de eficiencia, relacionados tanto con la medición de la variación en el bienestar entre el antes y el después, como de la medición económica (análisis coste-beneficio) de las actuaciones. En la definición de esos indicadores es fundamental incorporar la medición del cambio que los propios beneficiarios y sus cuidadores indican. Se trata de medir, por ejemplo, la variación en la necesidad de horas de ayuda que una persona experimenta después de haberle cambiado una bañera por una ducha, o de haberle puesto una barra a lo largo del pasillo de su casa que le permite desplazarse con más facilidad. Lo mismo, con la medición efectiva de los servicios de ayuda a domicilio o la teleasistencia, siempre incorporando cuantificaciones que permitan reestructurar políticas si no demuestran la eficiencia esperada, con la suficiente justificación.
La innovación en los cuidados al mayor requiere la apuesta decidida por los servicios de teleasistencia y la prestación de productos de apoyo fundamentalmente relacionados con movilidad y aquellas actuaciones directamente asociadas a las actividades básicas del mayor (alimentarse, vestirse, ir al baño, comprar, gestionar su economía, etc.). Todos estos productos de apoyo aumentan la autonomía de la persona y facilitan de manera relevante los trabajos de los cuidadores en caso de ser necesario. Su eficiencia económica queda demostrada, tanto en rentabilidad de las inversiones como en plazo de amortización.
La participación de los cuidadores es relevante en todos los procesos y actuaciones. Los cuidadores informales, porque cada vez más serán personas también mayores (el cuidador informal es en muchas ocasiones la propia pareja del dependiente, y por tanto, normalmente una persona de edad similar). Y los cuidadores formales, porque son ellos los que como profesionales en la prestación de cuidados pueden ayudar a optimizar la toma de decisiones, a seleccionar las actuaciones más eficientes, a la vez que se garantiza también su propio bienestar.
La lectura de todo lo anterior nos lleva a un concepto al que deberíamos prestar mucha atención: la economía inclusiva. Y es que quizá, ahora más que nunca, hablar de economía de los cuidados implica hablar de la necesidad de generar un sistema inclusivo en el que el crecimiento económico rápido y dinámico no vaya reñido con el desarrollo de oportunidades y mejoras de calidad de vida para todos. Se trata de devolver al estado de bienestar la conceptualización de que una sociedad solo evoluciona cuando lo hace todo su conjunto. Devolver a la sociedad el concepto de mutualismo y la actuación solidaria para garantizar el bienestar de todos. Cuando el crecimiento económico es fuerte y las demandas sociales crecen de forma moderada el sistema es sostenible. Pero si las demandas sociales crecen exponencialmente, simplemente como ocurre actualmente por tener una sociedad más longeva, la economía tiene que adaptarse. Y aquí, la colaboración público-privada tiene mucho que decir y hacer. No nos olvidemos que es una de las recomendaciones recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 17) que tan presentes tenemos en nuestro día a día.
