La despoblación de buena parte del territorio español obliga a un replanteamiento de las políticas públicas bajo principios como el de la ‘garantía de la situación actual’. Se trata, en primer lugar, de frenar el deterioro de la cohesión territorial de las personas que ahí viven, para luego avanzar en la mejora de su calidad de vida, con especial atención en el colectivo de las personas mayores y teniendo muy presente la especificidad de la mujer que envejece en estas poblaciones.
De 39,27 millones a 48,08 millones, la población española ha experimentado un notable crecimiento según los datos del INE del año 2001 y de 2023. Sin embargo, el 62% de los municipios españoles han perdido habitantes en las últimas dos décadas, una sangría demográfica especialmente importante en la bautizada como España vaciada.
Actuar frente a la despoblación
Según el Diagnóstico estrategia nacional frente al reto demográfico. Eje despoblación del Gobierno de España, el riesgo de despoblación va más allá de la amenaza. “Si fijamos la densidad en 12,5 habitantes por km2, ratio que la Unión Europea califica como de riesgo de despoblación, el 48,4% de los municipios está por debajo de ese umbral”, se explica en el informe lo que, dicho de otro modo, significa que casi el 50% de los municipios españoles podría quedar deshabitado.
Una realidad que amenaza a los municipios de hasta 1.000 habitantes, que tan solo concentran ya el 3% de la población. Una mirada a su ubicación, ayuda a entender el estado de situación.
Municipios en riesgo de despoblación (densidad de población menor de 12,5 hab/km2)
Fuente: Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Además se debe tener en cuenta que “en los 5.000 municipios con menos de 1.000 habitantes, el porcentaje de mayores de 64 años alcanza el 31%”, según datos del Gobierno de España. La media de mayores de 64 en el conjunto del estado es de 19,3%.
El escenario exige una llamada a la acción. “La deslocalización que se está produciendo en diferentes zonas de Europa, con una importante concentración de personas mayores que viven en zonas rurales y una mayor proporción de adultos mayores que son mujeres, debe jugar un papel muy importante en las políticas de toma de decisiones”.
Fundación Mutualidad Abogacía trasladó a las instituciones europeas esta recomendación dentro de la presentación del Indicador de calidad de vida digna de las personas mayores – consideraciones de género. Este informe realizado por la Cátedra Economía del Envejecimiento de Fundación Mutualidad Abogacía en colaboración con la Universidad de Barcelona, defiende “un adecuado desarrollo de las infraestructuras” que garantice el acceso a servicios básicos como la salud, la movilidad o los servicios financieros, tres de los más reivindicados en el ámbito de la España vaciada.
Medidas de acción y nuevo marco legal
La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) ha redactado el documento Listado de medidas para luchar contra la despoblación en España, para promover que “la despoblación se incorpore como un criterio a la hora de distribuir fondos a escala europea, nacional y autonómica”. Una demanda aún pendiente de estructurar.
Por la cercanía de la Administración, este documento es una de las iniciativas más influyentes para actuar frente a la despoblación, proponiendo avanzar en siete áreas de acción. La FEMP apuesta por legislar “una carta de servicios públicos garantizados para los ciudadanos, y evaluar las dificultades de acceso a dicha cartera en el medio rural, con el fin de asegurar unas condiciones equiparables a las del medio urbano”. También apuesta por políticas de colaboración entre las distintas administraciones y el establecimiento de fondos presupuestarios anuales para garantizar los servicios públicos y las infraestructuras, comunicaciones y transporte.
Dependiente de Teresa Rodríguez, vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se encuentra el Plan 130 Medidas frente al Reto Demográfico, que ha sido el eje vertebrador de estas políticas en el periodo 2021-2023, con una inversión anunciada de 10.000 millones de euros. A la espera de conocer el balance de ejecución, sus líneas de actuación permiten conocer hacia dónde se dirigen las mayores preocupaciones para el colectivo de mayores que aquí habita.
Así, entre las diferentes actuaciones propuestas para avanzar en sus 10 ejes de trabajo, se incluyen medidas como el Plan la administración cerca de ti. Su objetivo es “acercar la Administración General del Estado en el Territorio a la ciudadanía, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos de acceso a todos los servicios públicos con independencia de su lugar de residencia”. Para lograrlo, ha difundido la administración electrónica y combatido la brecha digital, una medida de impacto limitado entre los mayores de 65 años.
También incluye el Plan de modernización de los servicios sociales, un tema muy sensible para el sénior. Este contempla ayudas e inversiones para la incorporación de nuevas tecnologías en la atención de los servicios sociales, el impulso de proyectos piloto de innovación en servicios sociales, y la modernización de infraestructuras o la digitalización y mejora de los modelos de protección residencial, entre otras muchas.
Sin duda se trata de medidas necesarias, pero este mismo plan en su punto décimo incluye la que debería convertirse en herramienta principal para el cambio: la redacción de un Estatuto básico de los pequeños municipios, los de menos de 5.000 habitantes. Esta es la más importante entre las reformas normativas propuestas pero no la única, es necesario transitar el sistema de financiación autonómica y local hacia un modelo que contemple medidas correctoras por despoblación y perspectiva de género, dada la prevalencia de mujeres en estos entornos.
Los principios del cambio
Santiago Bello Paredes, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Burgos, ofrecía el pasado año una serie de conclusiones en su artículo La despoblación en España: Balance de las políticas públicas implantadas y propuestas de futuro(Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica ,de 19 de abril de 2023).
En su opinión, el envejecimiento de la población, la baja natalidad y la dificultad para garantizar la prestación de los servicios públicos en las áreas de disgregación poblacional, obliga a “un replanteamiento de las políticas públicas para que conduzcan a una mayor cohesión territorial”. De este modo, el catedrático considera esencial priorizar la atención a las demandas de la población asentada en los territorios despoblados, ofreciendo unos servicios públicos de calidad y garantizando las inversiones en las infraestructuras necesarias. Para abordar este desafío, el autor propone tres principios:
En opinión de Bello Paredes, convivir con un desarrollo demográfico asimétrico, es “el más formidable reto al que se enfrentará España y la UE en los próximos decenios”. Se trata además de un desafío que debe considerar de forma diferenciada las necesidades de sus habitantes más longevos, con una mirada de género.
