Fruto de este trabajo es el documento Pensiones: conclusiones del Grupo de Trabajo de Fide, dirigido por Tomás Arrieta, profesor honorífico de la UCM y presidente de la Fundación AGE, en el que han participado 19 destacados expertos del mundo de la universidad, fundaciones, asociaciones y mutualidades; entre ellos, Fernando Ariza, director adjunto Mutualidad Abogacía y director de la Escuela de Pensamiento de la Fundación Mutualidad de la Abogacía. Estas son las principales conclusiones:
Las propuestas lanzadas por Fide GT Pensiones a este respecto son:
En este punto la propuesta es integrar la Previsión Social Complementario en el sistema de pensiones, “ensamblarlos como complementarios y no como alternativos o excluyentes es el primer reto estructural de nuestro sistema de pensiones”. Es necesario apostar por un sistema mixto. En ese sentido, “convendría explorar a fondo la posibilidad de implantar la adscripción por defecto (autoenrolment) de asalariados y trabajadores autónomos en España” y que a los vehículos previsionales individuales o asociados a los trabajadores autónomos se les aplique “la misma calificación fiscal de la que gozan los planes de empresa”.
Sobre la base de caminar hacia un sistema mixto, Fide GT Pensiones propone “una gran racionalización y modernización del sistema de pensiones español que crease las bases para hacer efectivos todos los propósitos de revalorización y sostenibilidad”.
La propuesta es separar las fuentes de financiación para “gastos impropios». ¿Cómo? “Mediante una revisión cuidadosa de todos los capítulos de gasto estimados como impropios”. Lo que persigue esta propuesta es asegurar que esta separación no busque solo reducir el déficit, “sino que sea objetiva y ayude a racionalizar la maraña de prestaciones que quizá no correspondan a la Seguridad Social”. Por ese motivo, “las partidas que no sean contributivas han de sacarse del sistema contributivo”.
Teniendo en cuenta que el Pacto de Toledo considera, por un lado, que la permanencia de un trato favorable en materia de cotizaciones debe “contar con recursos adicionales y específicos para asumir de manera diferenciada las obligaciones de pago” y, por otro, “que debe analizarse la regulación actual de estos sistemas especiales para verificar si siguen manteniéndose las razones y circunstancias que motivaron su establecimiento y, en su caso, proceder a su paulatina reordenación y simplificación”, Fide GT Pensiones subraya el hecho de que “nada se dice respecto del origen de tales recursos adicionales que, en el caso, del Sistema Especial Agrario pueden ser importantes y, en el del Sistema Especial de Empleados de Hogar, todavía mantienen diferencias apreciables en los niveles de protección y fórmulas de cotización”.
En este punto, la propuesta es que todos los trabajadores autónomos coticen según sus ingresos laborales (dentro de mínimos y máximos aceptables) o, si es por cuenta propia, realizando los ajustes necesarios (por gastos deducibles para los autónomos): “Instamos al gobierno para que siga avanzando en el objetivo de instrumentar un nuevo modelo de cotización que permita una paulatina aproximación de las bases de cotización de los trabajadores en alta en el RETA a los ingresos reales, evitando la tendencia a cotizar por bases mínimas”. El objetivo es igualar el RETA al Régimen General de la Seguridad Social.
Sin duda, la educación financiera es una asignatura aún pendiente. Para avanzar en ese capítulo, es necesario incluir temas sobre cultura financiera y Estado de Bienestar en los programas docentes de educación secundaria y bachillerato. También se propone el diseño y lanzamiento del PORTAL FUTURO, “que permita a los cotizantes asalariados y autónomos comprobar en tiempo real sus grupos y periodos de cotización pasados y simular su potencial pensión en base a los escenarios de cotizaciones futuras y de la edad de jubilación que se desee simular para su pensión de jubilación”.
La propuesta parte de la base de que las Mutuas “deberían incrementar de manera sustancial sus capacidades de gestionar de manera más autónoma sus recursos”, a la vez que se pide potenciar todas sus fortaleza y potencial, y se reclama un grado de intervención menos intenso de la Administración. Esto permitiría a las Mutuas “mejorar su eficacia protectora, su viabilidad financiera y, al mismo tiempo, recuperar y garantizar su origen, fruto de la iniciativa social”.
Partiendo de la necesaria modernización del sistema de protección de viudas y huérfanos, adaptándolo a una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y la nueva realidad plural y diversa de las familias, para el grupo de trabajo de Fide algunas de las líneas de una reforma de viudedad podrían ser las siguientes:
– Para las personas menores de la edad de jubilación legalmente establecida y activas en el mercado de trabajo, sin hijos a cargo, limitar hasta un periodo determinado de tiempo la percepción de la prestación. En el caso de las personas viudas con hijos a cargo, y activas en el mercado de trabajo, mantener su percepción hasta la efectiva emancipación de los mismos. Estas pensiones deberían de continuar siendo compatibles con el empleo remunerado.
– Para las personas mayores de 65 años, con su propia pensión de jubilación, permitir la compatibilidad entre la misma y la pensión de viudedad hasta una cuantía máxima acumulada equivalente al 80% de la pensión máxima establecida por ley.
– Para las personas mayores de 65 años, sin pensión propia y sin otros ingresos, elevar hasta el 75% el porcentaje de la base reguladora de la prestación que se aplica para obtener la cuantía de la pensión.
– A lo anterior, hay añadir la propuesta de financiar, de manera gradual, las prestaciones de viudedad desde la aportación del Estado a la Seguridad Social y promover la equiparación plena entre matrimonios y parejas de hecho.
Teniendo en cuenta el papel central que tiene la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo en la articulación de las reformas en materia de pensiones y los escasos apoyos técnicos, humanos y materiales de los que dispone para acometer sus funciones, el grupo de trabajo de Fide propone, no solo que la Comisión se dote de manera adecuada y permanente para cumplir con sus funciones, sino también la creación de una Oficina para el Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo. “Debería tener unas características similares a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, pero específicamente orientada a dar soporte a la Comisión, efectuando el seguimiento e informando periódicamente de la política de pensiones, su evolución y proyección. Esta Oficina debería estar dotada de la mayor independencia posible y ofrecer un apoyo continuo a los parlamentarios”.
