Ana Torralba. Fundación Mutualidad
El envejecimiento de la población es uno de los mayores logros de nuestra sociedad. Pero también plantea un desafío creciente: obliga a las instituciones públicas, a los sistemas de protección y al propio Derecho a adaptarse para garantizar la defensa efectiva de los derechos de un grupo poblacional cada vez más numeroso y heterogéneo.
España se encuentra entre los países europeos más afectados por esta transformación demográfica. Las proyecciones apuntan a que en torno a 2055 el 30,5 % de la población tendrá más de 65 años. Este cambio no solo modificará la estructura social, sino que también generará nuevas demandas jurídicas que la abogacía deberá afrontar adaptando su especialización profesional, su forma de prestar servicios y su enfoque de protección de derechos.
Este escenario obliga a repensar la función de los operadores jurídicos, y especialmente el papel de la abogacía. El acceso a la justicia de las personas mayores no puede abordarse únicamente desde los marcos tradicionales de actuación profesional. Sus necesidades normativas específicas —relacionadas con la capacidad jurídica, la planificación patrimonial, las relaciones familiares, la toma de decisiones en contextos sociosanitarios o la protección frente a abusos y maltratos— requieren una mirada que integre no solo la dimensión jurídica, sino también una perspectiva biopsicosocial.
Por otro lado, la evolución del debate internacional confirma esta necesidad. La reciente decisión de Naciones Unidas de avanzar hacia la elaboración de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores constituye un hito en el reconocimiento de los desafíos que afronta este grupo etario. La futura convención busca reforzar la protección jurídica frente a la discriminación por edad, visibilizar vulneraciones de derechos y establecer obligaciones claras para los Estados en materia de garantía y promoción de derechos.
En paralelo, el ordenamiento jurídico español experimenta cambios significativos en ámbitos vinculados con el envejecimiento: la sustitución del sistema de incapacitación por un sistema de apoyos para la toma de decisiones, las reformas de la Ley de Dependencia y de la normativa sobre discapacidad, o la regulación del final de la vida y la autonomía del paciente, entre otros aspectos. Todo ello exige que los profesionales del Derecho se actualicen y adquieran un conocimiento profundo del contexto en el que estas normas se aplican.
En este sentido, resulta imprescindible avanzar hacia una práctica jurídica alineada con el principio de atención centrada en la persona, un enfoque cuyo origen se encuentra en la intervención social y que sitúa a la persona en el centro de las decisiones que afectan a su vida. Si este principio se traslada al ámbito jurídico, implicaría adaptar la intervención profesional de los abogados y abogadas a las circunstancias concretas de cada persona mayor, promoviendo su participación en los procesos que le afectan.
La incorporación de esta perspectiva contribuirá, además, a combatir prácticas edadistas que todavía persisten en distintos ámbitos sociales y profesionales.
En este contexto, la formación especializada se convierte en una herramienta clave para avanzar hacia una defensa jurídica más efectiva de los derechos. Además, abre una ventana de oportunidad para la abogacía en un ámbito profesional de creciente relevancia. Con este objetivo, la Fundación Mutualidad impulsa la IV Edición del Curso de Derechos de las Personas Mayores, dirigido a profesionales del ámbito jurídico que deseen profundizar en este campo emergente. El programa aborda de forma multidisciplinar los retos jurídicos asociados al envejecimiento y ofrece herramientas conceptuales y prácticas para mejorar la calidad de la atención jurídica prestada a las personas mayores.
Además del aprendizaje teórico, la formación incorpora una dimensión práctica orientada a acercar a los participantes a la realidad social del colectivo, permitiéndoles comprender mejor sus necesidades y los contextos en los que se producen muchas de las vulneraciones de derechos. Así, el curso refuerza las competencias profesionales de los juristas y promueve una práctica jurídica más sensible, inclusiva y respetuosa con las personas mayores.
La especialización en derecho y nueva longevidad representa, en definitiva, una oportunidad para que la abogacía amplíe su campo profesional y responda a una realidad social creciente. Prepararse para estos desafíos significa no solo adaptarse a una transformación demográfica inevitable, sino también reforzar el papel del Derecho como un instrumento fundamental para garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos a lo largo de toda su vida.
