Dentro de una cohorte dada de pensionistas, de defender esta idea, abogaríamos en este caso porque las pensiones de entrada a la vida en jubilación fuesen iguales para todos. Pero ¿querríamos que esto fuese así para pensionistas que se han jubilado a edades distintas? ¿O, admitiríamos que, a pesar de jubilarse a la misma edad, unos causasen pensión de viudedad y otros no por no tener pareja? Nótese que admitimos sin cuestionarlo en absoluto que las mujeres, que suelen vivir más que los hombres, perciban la misma paga mensual que estos, o que no somos conscientes de que las personas más desfavorecidas viven menos que las más favorecidas.
De lo anterior se desprende que puede haber razones por las cuales las pensiones no deban ser igualitarias y razones por las que sí deban serlo, aspectos que no conviene entrar a debatir en este ensayo.
A su vez definiríamos las pensiones equitativas como aquellas que son ecuánimes, justas y razonables para cada pensionista habida cuenta de otras condiciones personales o más allá (presupuestarias, por ejemplo). El termino equidad está plagado de considerandos y no es nada fácil de aplicar. Así como el de igualdad es muy intuitivo, si bien su aplicación puede provocar muchos problemas (no en el de “igualdad ante la ley”, por cierto), el de equidad plantea el problema general del baremo frente al cual definir qué es ecuánime, justo o razonable. Algo que no se puede hacer sin entrar en relativismos que no serán del gusto de todos. Pero, con todo, queremos pensar, una mayoría preferiría pensiones equitativas a pensiones iguales para todos.
Y ¿en lo que se refiere a la equidad intergeneracional? ¿Qué podemos decir que difiera de la equidad intra generacional (reduciendo la generación a una cohorte, para sujetos de la misma añada)? Lo intergeneracional implica el paso del tiempo y si entre dos cohortes sucesivas o casi sucesivas apenas cambian las condiciones externas (que siempre cambian), entre dos generaciones pueden haber transcurrido episodios de intenso cambio estructural, revoluciones tecnológicas o transiciones demográficas de calado, como habrá sucedido entre las cohortes que se están jubilando ahora y las de sus hijos.
Esta es la gran cuestión, sin embargo, ¿serán las pensiones de nuestros hijos iguales o equitativas respecto a las nuestras?
Al hablar de equidad intergeneracional nos acordamos de quienes hoy participan en el mercado laboral de forma activa, cotizando a la Seguridad Social en un régimen de reparto y tratamos de compararlos, a su jubilación, con los actuales pensionistas.
Se nos interpela constantemente con el bajo número de cotizantes por pensionista hoy, frente a lo que sucedía cuando los actuales pensionistas trabajaban, o con las cifras de pensión media de jubilación, de la pensión de entrada de un pensionista, el salario medio de entrada al mercado laboral, o los salarios medianos de España hoy y entonces. Muchas de estas comparaciones son favorables a los pensionistas actuales y hacen temer a los trabajadores más jóvenes que su futuro no va a ser tan bueno. Nos alertamos ante la precariedad laboral, los salarios de los jóvenes, las posibles lagunas de cotización en carreras laborales condenadas a extenderse y a las que se accede más tarde, y los efectos que está teniendo y tendrá la inteligencia artificial sobre el empleo.
El resultado es que la mitad de los jóvenes y de los trabajadores de hasta 45 años creen que no cobrarán una pensión pública cuando se jubilen, pero quienes están más cerca de la jubilación tienen mayor confianza en percibirla. Como demostración de una posible inequidad intergeneracional de las pensiones, estas evidencias no pueden ser, a su vez, más precarias, ya que son meras expectativas. Eso sí, basadas en algunos indicios muy preocupantes, como que la pensión media de las nuevas altas del Régimen General es ya mayor que el salario de los jóvenes en su acceso al mercado laboral.
Paradójicamente quienes están entrando o cerca de entrar como pensionistas, la generación del baby-boom, que es probablemente la generación que más tensionará al sistema por su elevado número y las mejoras en la esperanza de vida que traen a la espalda, tienen una mayor confianza en el sistema y la expectativa de haber comprado suficientes “derechos de jubilación”, a pesar de que también saben que el déficit de cotizantes por cada 100 pensionistas solo va a empeorar en las próximas décadas.
Este escenario no es bueno para la equidad inter generacional de las pensiones. Porque las pensiones de los baby-boomers son demasiado buenas con arreglo a lo que han cotizado y el esfuerzo presupuestario que se está haciendo y se va a hacer para pagarlas no se va a poder mantener en el tiempo. Los futuros pensionistas, jóvenes cotizantes hoy, tendrán pensiones ecuánimes, pero no tan ecuánimes como las de sus padres. ¿Puede resolverse este problema de equidad? No fácilmente, la verdad.
Para seguir avanzando, es aconsejable situarnos ante un escenario de gasto público, que nos ilustre sobre cuál es el peso de las pensiones públicas respecto al gasto total, y cuáles están siendo las víctimas colaterales de la creciente evolución del gasto en pensiones públicas.
Para ello nos permitimos recurrir al Policy Paper de Miguel Ángel García Díaz publicado en FEDEA en diciembre de 2025, en el que se analiza cómo el gasto público en el periodo 1995-2024 medido en euros reales de 2024 refleja un aumento de más de 330 mil millones de euros, un 83% más que en 1995, alcanzando en 2024 la cifra de 725 mil millones de euros, de los que la mitad (169 de los 330 mil millones de incremento) corresponden a lo que se denomina protección social. Prácticamente todo ese incremento del gasto de protección social se dedica a pensiones (162 de los 169 mil millones de euros de incremento). Y en el periodo 2010-2024, de los 112 mil millones de incremento real del gasto público, va dirigido a pensiones 98 mil millones y a salud casi 15 mil millones.
¡Qué importante es ser tan generoso en el pago de pensiones como en salud!, pensarán. Y sí, es cierto, pero ojalá nos lo pudiéramos permitir, porque lo que está sucediendo es que las pensiones supusieron 206 mil millones y el gasto en salud 103 mil millones, y apenas ha entrado la generación del baby-boom a ser pensionista, por lo que el gasto en otras políticas queda muy limitado en crecimiento, cuando necesitamos mayor inversión en dependencia, en educación o en política de vivienda, y ello sin hablar del gasto en defensa al que debiéramos llegar por acuerdos y exigencias internacionales.
La causa de todo este incremento presupuestario de protección social es estructural: la demografía y la longevidad. Cada generación vive casi una década más que la precedente, y entra más tarde al empleo. Al tiempo que llevamos un fuerte retraso en el ajuste de la edad de jubilación con el aumento de la esperanza de vida cuando muchos países avanzados tienen ya establecidos mecanismos de ajuste automático para este caso concreto.
Visto el gran problema presupuestario que supone un modelo de pensiones como el que tenemos en España, centremos nuestra atención en las causas por las que hemos llegado a esta situación. Y una de ellas, es la inequidad de nuestro sistema de pensiones, que es de varios tipos.
Un sistema de pensiones debería cumplir con unos mínimos de equidad en tres vertientes: equidad actuarial, equidad intergeneracional y equidad intrageneracional.
Por equidad actuarial entendemos la relación entre aportaciones y pensión esperada, lo que en otras palabras es la contributividad del sistema, para cuyo cálculo el Instituto de Actuarios de España creó el Factor de Equidad Actuarial, y cuya realidad demuestra cómo año a año y reforma tras reforma, el sistema público de pensiones va empeorando su equidad actuarial, alejándose cada vez más de esta. Aquí radica el origen de las demás inequidades y debe saberse que si no hay equidad actuarial es muy difícil hablar de las otras dos.
El Instituto de Actuarios de España, en su último informe del Factor de Equidad Actuarial (FdEA, ¡no confundir con el precitado acrónimo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada – FEDEA!) muestra que este ha aumentado de 1,55 en 2020 a aproximadamente 1,62 en 2025, proyectándose que siga creciendo a más de 2,14 en 2045 y 2,20 en 2065. Esto indica un creciente desequilibrio entre el valor presente de las cotizaciones y el de las prestaciones a lo largo del ciclo laboral y de jubilación, respectivamente, reflejo, a su vez, de factores demográficos, regulatorios y económicos externos (envejecimiento, menor crecimiento económico, ausencia de adaptación de la edad de jubilación y otras reformas, etc.). Nótese que un FdEA neutro es 1.
Alejarse de la equidad actuarial implica también un distanciamiento y empeoramiento de las otras dos equidades: la intergeneracional y la intrageneracional.
La Equidad intrageneracional es la igualdad de tratamiento de personas de una misma cohorte, que evite desigualdades no justificadas y/o desproporcionadas (si estuviesen justificadas por razones objetivas) entre personas de esa misma cohorte. Se centra, en definitiva, en cómo se reparten los beneficios, las cargas y los riesgos entre quienes conviven en esa cohorte, que se puede ver afectada por renta, género, tipo de carrera laboral, o esperanza de vida. Más que la igualdad, en ausencia de idénticos factores subyacentes (base y carrera de cotización, edad de jubilación), la equidad sería al menos deseable y la equidad actuarial ineludible, sobre la cual decidir un mejor tratamiento de los más desfavorecidos por circunstancias objetivas.
Y por su parte, la equidad intergeneracional trata el reparto justo entre generaciones distintas de los beneficios, cargas y riesgos, o, más claramente, que una generación no viva a costa de otra, que no se condicione o hipoteque económicamente a las siguientes generaciones (con deuda insoportable, por ejemplo).
Vemos inequidades, algunas conocidas y lógicas en cierto modo, como que los fumadores o los obesos viven menos que las personas no fumadoras o con buena salud, y otras tan paradójicas como que las personas de menos recursos –lo veremos después- viven menos que las que más tienen, que las mujeres viven cinco años y medio más que los hombres, o que los casados viven más que los solteros (ellos, no ellas). Y todas esas inequidades están presentes en nuestras pensiones, tanto las pensiones públicas obligatorias como las pensiones complementarias voluntarias (no nos gusta eso de pensiones privadas, las pensiones complementarias están más pesadamente reguladas que las de la Seguridad Social).
La Real Academia de la Lengua tiene hasta cinco acepciones del término equidad. Lo más justo para definir la equidad, o lo que no lo es, seguramente sería utilizar una combinación de varias de estas acepciones, para quedarnos en que equidad es un reparto justo de contribuciones, dando a cada uno lo que merece.
No se trata por tanto de juzgar a los sistemas de pensiones por lo que pagan, si es mucho o poco, sino por cómo se reparten las cargas y los beneficios entre las distintas personas, sea de una misma generación o de distintas. Aparte está la cuestión de complementar las rentas, especialmente las de jubilación, de quienes no han podido causar una “buena” pensión. Caso muy frecuente, por desgracia, que, creemos, no debería resolverse en el sistema de pensiones, sino en el compacto presupuestario general.
En un sistema de reparto, los cotizantes financian a los jubilados coetáneos, esperando y confiando en que sus derechos de jubilación sean cubiertos y satisfechos por los futuros cotizantes, apoyándose en el denominado, a veces con demasiada alegría, “contrato intergeneracional” y en la mutualización de los costes.
La creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), supuestamente dedicado a buscar una equidad intergeneracional, paradójicamente incrementa esa inequidad intergeneracional, porque sube las cargas a los cotizantes de hoy sin hacerles partícipes de beneficio alguno, porque esas cuotas adicionales no mejorarán la pensión futura de quienes hoy lo pagan mientras la aberrante formula actual de cálculo de la pensión no tenga en cuenta las cuotas efectivamente cotizadas. Así es, en efecto, el MEI no es una cotización es un impuesto extra sobre la nómina destinado a reforzar la “hucha de las pensiones” (el FRSS) para afrontar el pico de gasto del baby boom, pero no todos los que asumen esta cotización se van a ver beneficiados por ello. Aparte de que su producto ni de lejos llegará a equivaler a ese enorme pico de gasto.
Por equidad intergeneracional se entiende que cada generación o cohorte soporte un esfuerzo y reciba una pensión coherente con su propia demografía y longevidad, sin cargar sistemáticamente a unas sobre otras, sin hacer bola de nieve con el déficit y los compromisos adquiridos fuera de los parámetros que le hagan sostenible para cada generación.
Las pensiones complementarias, de empleo o personales son, por definición actuarialmente equitativas, siempre que sean de “aportación definida”, ya que se calculan como rentas vitalicias. De manera que ya tenemos resuelta una parte de la respuesta a esta pregunta.
Ello no impide que, como ocurre con las de la Seguridad Social, si se ha aportado poco cada mes o se ha aportado pocos años, las pensiones serán más reducidas, pero al menos serán ecuánimes o justas, con arreglo a lo aportado. Lo que no pueden hacer las pensiones de empresa o personales es redistribuir recursos desde los beneficiarios con mayores prestaciones a los de menores prestaciones. Eso no es posible y, por lo tanto, este tipo de desigualdad no puede resolverse en este ámbito, porque las compañías aseguradoras que abonan las rentas vitalicias no pueden hacer eso sin defraudar a sus clientes. Tampoco pueden poner impuestos ni elevar sin contrapartida las primas de las rentas que venden, no pueden hacerlo aunque quisieran, que lo dudamos.
Es más, las compañías de seguros no pueden discriminar por sexo cuando venden rentas vitalicias a hombres o a mujeres. Por ley está obligados a dar la misma paga mensual si unos y otras han pagado la misma prima y compran la renta a la misma edad, independientemente de que se sabe que ellas viven más años que ellos. Esto, bien mirado, es un tipo de inequidad, hacia ellos, que las pensiones complementarias practican al igual que la Seguridad Social, como ya se ha comentado.
Como anécdota podría evocarse un caso, sin embargo, muy significativo: el de las enhanced annuities del mundo anglosajón (bastante innovador, por cierto) que dan las mismas rentas mensuales a cambio de una prima menor si el beneficiario es fumador certificado. No sabemos lo que harán con los deportistas certificados que acrediten tener una esperanza de vida mayor que la media de su cohorte, aunque deberían cobrarles más por la misma paga mensual.
En el mismo sentido que se comentaba en el apartado anterior, las pensiones de capitalización también son injustas con las personas menos favorecidas, que viven menos que las más favorecidas. Si ambas personas de dichas categorías adquiriesen en las mismas condiciones de prima y edad una renta vitalicia, la menos favorecida la disfrutaría menos tiempo que la más favorecida (vid infra).
Tanto para la Seguridad Social como para las pensiones complementarias este caso de inequidad es tremendo. Y nadie parece hacerse eco de ello. Sí, la Seguridad Social tiene coeficientes reductores de la edad de jubilación por actividades penosas, pero no es lo mismo, no conviene confundir los casos. La industria de las pensiones, sin embargo, podría avanzar bastante para corregir esto, salvando el problema de moral hazard (riesgo moral) que suele suscitarse en este tipo de aseguramiento.
El hecho de vivir más años y cobrar pensión durante más tiempo, sin ajustar ni edad de retiro ni otros parámetros, es la principal causa de los desequilibrios entre generaciones, en una tendencia que cada vez es mayor, pero no es la única.
Cada día que pasa, estamos viviendo cuatro o cinco horas más. Es una magnífica noticia, sin duda. Y es posible que una buena mitad de quienes están naciendo ahora puedan llegar a vivir 100 o más años, lo cual abre el debate no sólo de la sostenibilidad de las pensiones, sino de muchas otras cuestiones sociales: cómo afectará al empleo, a los cuidados, a la dependencia, a la salud, a la educación… Si nos permiten un pensamiento en voz alta, para afrontar estos retos de la longevidad necesitamos no políticos, sino estadistas, y que vayan de la mano de los actuarios y técnicos.
La cuestión demográfica es importante, sin menospreciar otras como la inflación o el crecimiento de la economía, porque en los sistemas de reparto (pay as you go, o PAYG, en el mundo anglosajón), si cada nueva cohorte vive más que la anterior, sin que el sistema ajuste lo suficiente la edad efectiva de retiro ni la fórmula de cálculo de la pensión, las cohortes van percibiendo más años de pensión, desplazando su coste a las generaciones posteriores.
Hace 50 años, en 1975, la esperanza de vida (unisex) al nacer era de 73,44 años, con una edad de jubilación de 65 años. Para hombres era de 70,53 años y para mujeres, de 76,25 años. La esperanza de vida a los 65 años era de 13,1 años para los hombres y de 17,2 años para las mujeres. En 1985, diez años después, la esperanza de vida al nacer había mejorado tres años, hasta 76,4 (73,1 para hombres y 79,7 para mujeres), si bien la esperanza de vida a los 65 años subió apenas entre año (hombres) y año y medio (mujeres). En la siguiente década, en 1995, se había mejorado en casi otros dos años la esperanza de vida al nacer, siendo entonces de 78,2 años (74,6 hombres, 81,8 mujeres), sin embargo, no hubo mejoras significativas en la esperanza de vida a los 65 años.
Entrando ya en el siglo XXI, en el año 2005 mejoramos otros dos años, hasta 80,3 años (77 años los hombres y 83,6 años las mujeres). Por su parte, la esperanza de vida a los 65 años mejora en un año, acercándose la de las mujeres a los 20 años. Yéndonos a 2015, se superan ampliamente los 80 años, alcanzando 82,6 años (79,8 años hombres, 85,3 las mujeres), y superamos ya los 20 años de esperanza de vida a los 65 años en las mujeres (18,8 los hombres y 22,6 las mujeres). Para 2025, la estimación del Instituto Nacional de Estadística es que llegaremos a una esperanza de vida de 84 años al nacimiento (81,3 para los hombres y 86,6 para las mujeres), y para los hombres que lleguen a los 65 años, será de 19,5 amos adicionales y de 23,3 para las mujeres (21,4 años unisex).
Tengamos en cuenta que, entre medias, en 2011, se modificó por vez primera la edad de jubilación en España, que fue más por una imposición internacional en un momento crítico para la economía y las cuentas públicas españolas, que por una voluntad de buscar un sistema público de pensiones más equitativo y justo con todas las generaciones, como demuestra el hecho de que en esa misma normativa ya se preveía un Factor de Solidaridad para el ajuste automático de la pensión por esperanza de vida, que se desarrolló en 2013 y se derogó en 2022.
Así, aunque se mantuvo en 65 años la edad general de jubilación con pensión completa, sólo lo era para aquellos casos en los que su historial de cotización fuese de un mínimo de 35 años y 9 meses, una mitad de las nuevas altas de pensión entonces. Si no se tenía esta carrera de cotizaciones, a partir de 2013, la jubilación ordinaria era a los 65 años y 1 mes. Se iba subiendo progresivamente a razón de un mes al año durante los primeros 6 años y después a razón de 2 meses al año, de tal manera que en el año 2027 se alcanzarán los 67 años… pero solo para quienes no hayan cotizado 38 años y 6 meses, que podrán seguir jubilándose a los 65 años, lo cual será el caso para una tercera parte de las nuevas altas por jubilación. Los 67 años, pues, no van a ser generales y nunca lo han sido.
Confiamos en que los lectores nos perdonen esta sucesión de datos, pero el dato mata al relato, y nos ayuda a observar de manera empírica y contrastada que se está viviendo dos años más cada diez años, que son esas casi cinco horas más al día de las que se hablaba de mejora de esperanza de vida cada día.
Por otra parte, en términos poblacionales, hemos pasado de que hubiese 3,5 cotizantes por pensionista hace 50 años a que haya cerca de 2,3 ó 2,4 en la actualidad. Y apenas acaba de empezar a jubilarse la generación del baby-boom, que está transformando el gráfico poblacional de una pirámide a un hongo de explosión nuclear.
Desde una perspectiva demográfica y de longevidad, en ausencia de adaptaciones constantes de calado, la inequidad intergeneracional es, por tanto, un problema estructural llamado a agrandarse.
Pero la longevidad se ve muy condicionada también por los niveles de renta, como se ha evocado anteriormente. Lo hemos visto publicado en estudios científicos que demuestran que las personas que viven en zonas de rentas elevadas pueden vivir más que en zonas más desfavorecidas. Samuel Preston creó la Curva de Preston el siglo pasado, pero ésta era pensada para países, y hoy la realidad es que se puede aplicar incluso a nivel no ya de código postal, sino de sección censal, lo que en grandes ciudades supone una manzana. Según la revista «Nature”, esta diferencia puede llegar a ser de cuatro años. ¿Esto qué supone? Pues que las personas con menores ingresos, que también cotizan, tienen una menor esperanza de vida y, por consiguiente, cobran durante menos tiempo su pensión, financiando o subsidiando la pensión de aquellos que más van a vivir por tener una mayor renta per cápita. Esto es una injusticia de bulto.
Para una mejor equidad, sería necesario que las reglas de cálculo se adaptasen a las condiciones económicas y demográficas para suprimir las diferencias entre personas con historias laborales y de cotización similares.
No es fácil eliminar las fuentes de inequidad en materia de pensiones. Tampoco parece suficiente, desde el punto de vista social, que se imponga contra viento y marea el principio de equidad actuarial, si bien abogamos porque este elemento sea también el punto de partida para mejorar las cosas en todos los ámbitos previsionales.
Una vez asegurado que cada pensionista está recibiendo lo justo, en términos actuariales a día de hoy (vid infra, lo actuarial no está cerrado), se pueden valorar aquellas diferencias que hacen al sistema inequitativo a pesar de la justicia actuarial subyacente, ver qué parte de estas diferencias puede reducirse perfeccionando el método actuarial en la medida que la disponibilidad de datos lo permita (nos sorprenderemos de esto si lo hacemos a fondo) o ajustando las normas de la Seguridad Social para evitar excesos en la redistribución o defectos en la contributividad, tanto intra como inter generacionalmente.
Los principales obstáculos para esta mejora en estos sentidos son los siguientes:
No entraremos a elaborar cada uno de estos puntos, pues ya hemos superado el espacio disponible, pero nos parece que queda claro que van a ser necesarios consensos de otro tipo y acciones muy valientes si queremos dotar al sistema de pensiones públicas, de empresa y personales, en su integralidad, de características, si no perfectas, al menos aceptables, de equidad en todos los niveles.
El “contrato social” actual es muy ineficiente e insostenible. No logra la equidad, o lo que es peor, no sabe si la logra con reglas ad hoc, acumulación de mecanismos espurios y un exceso de respeto a viejas reglas cada vez más disfuncionales cuando el mundo está cambiando, se descuida el empleo de calidad, la formación y la productividad. El mercado de trabajo y el sistema productivo no pueden hacer mucho con lo que les llega del sistema formativo, y la Seguridad Social no puede cargar con todo el desaguisado que le llega del mercado de trabajo.
Es más, la Seguridad Social no puede hacerlo todo, hoy, sin el apoyo de, al menos, un potente pilar de pensiones de empresa, bien diseñado, claro, como se hace en los países avanzados. El raquítico modelo de Previsión Social Complementaria que tenemos en España no ayuda.
En la parte actuarial, pese a los esfuerzos y a la labor reivindicativa y pedagógica de la profesión actuarial por medio de su colegio profesional, el Instituto de Actuarios de España, también hay mucho trabajo por hacer. La tecnología ayudará, pero las bases de datos necesarias deben ser más completas y suficientemente representativas de la vida laboral de los trabajadores, y de su vida en jubilación. Si algún día la Seguridad Social, en todo el mundo, de hecho, llegase a ajustar las prestaciones a la esperanza de vida condicionada a un estatus histórico más o menos favorecido (las diferencias en esperanza de vida pueden ser abismales en la escala etaria) estaríamos, todos, incluidos los actuarios, obligados a ese imperativo moral de evitar que los “pobres” subvencionen las pensiones de los “ricos”. Se siente. La justicia actuarial habría de ser redefinida y mucho nos tememos que los primeros que protestarían por esto no serían los actuarios, sino los propios pensionistas. Una divisoria de ese calado hay que afrontarla, no negarla. En este camino, la formación y el mercado de trabajo podrían ayudar mucho, para que la igualdad de oportunidades brillase más de lo que lo hace hoy, de forma que el sistema de pensiones no tuviese que corregir con recursos imposibles lo que no ha causado.
Por fin, entre la parte actuarial y la parte de solidaridad quedaría por entender algo muy importante que tiene que ver con el último de los obstáculos mencionados más arriba. Se trata de que, una vez establecido el justo actuarial de una prestación, habría que distinguir entre aquellas personas que habiendo obtenido pensiones actuarialmente justas pero reducidas carecen de rentas complementarias y deben ser apoyadas y personas que disponen de capacidad suficiente para complementar su pensión si esta es reducida pero actuarialmente justa. Estas últimas no deberían crear ningún problema a nadie. Las primeras, sin embargo, deberían recibir la solidaridad necesaria, pero no de los sistemas de pensiones, públicos o “privados”, sino de los presupuestos generales del Estado, como cualquier otro trabajador o ciudadano que lo necesite y amerite.
