La progresiva tendencia al envejecimiento de la población es un fenómeno que está experimentando casi todos los países del mundo, con un aumento significativo del número y la proporción de personas mayores en el porcentaje de su población. Un simple dato lo ilustra a la perfección: según las Naciones Unidas, el número de personas de 60 años o más superará los 2.100 millones en 2050, más del doble de la cifra de 962 millones en 2017, que a su vez era más del doble de la cifra de 382 millones en 1980.
Una población que envejece tiene muchos aspectos positivos y oportunidades, así como retos y riesgos. Entre las oportunidades figuran una mayor actividad social y económica y el valor asociado a una mayor esperanza de vida y a personas mayores más sanas y activas, lo que se suele denominar ‘economía de la longevidad’. Los retos y riesgos surgen, entre otras cosas, de factores como la mayor probabilidad de deterioro físico y cognitivo, las necesidades financieras a largo plazo y no planificadas, así como de los niveles más bajos de conocimientos digitales y financieros.
En el informe que ha presentado en 2020 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se exponen los principales resultados, conclusiones y consideraciones relacionados con los enfoques de protección del consumidor financiero en respuesta a los problemas asociados con el envejecimiento de la población. También se tratan los desafíos de los encargados de formular políticas al respecto. En 2019, la Presidencia japonesa del G20 destacó el envejecimiento como una prioridad para la inclusión financiera, lo que culminó con la publicación de las Prioridades de Política para el Envejecimiento y la Inclusión Financiera de Fukuoka, desarrolladas por el GPFI y la OCDE.
Dada la importancia de los mercados, productos y servicios financieros en el funcionamiento de la vida cotidiana de la mayoría de las personas, estos desempeñan un papel fundamental en relación con el envejecimiento de la población en lo que respecta a garantizar que haya productos y servicios financieros adecuados que satisfagan las necesidades de las personas de la tercera edad. Habida cuenta de los problemas a los que se enfrentan y a los factores que les hacen vulnerables, es esencial que se establezcan disposiciones adecuadas para ellos, apoyadas por iniciativas conexas de inclusión financiera y de conocimientos financieros básicos.
En este informe se han expuesto las cuestiones y los enfoques relativos a la protección financiera del consumidor, las ya vigentes y las que se están adoptando en los países del G20 y la OCDE en todo el mundo. Entre ellos figuran los marcos jurídicos, reglamentarios y de supervisión; los requisitos de divulgación de información; las medidas relativas al trato equitativo y justo de las personas de más edad; el papel de las instituciones financieras, especialmente en lo que respecta a los servicios de primera línea y la mitigación de los efectos del cierre de sucursales bancarias; las medidas relativas al asesoramiento financiero y sus productos relacionados; la lucha contra el fraude y las estafas financieras y las disposiciones adecuadas para la tramitación de reclamaciones.
Por supuesto, la pandemia de COVID-19 también ha sido parte importante en estas conclusiones, ya que está afectando al sector de los servicios financieros y a la forma en que las personas interactúan con ellos. Entre esos efectos, que pueden ser particularmente nefastos para las personas de más edad, cabe mencionar el cierre de sucursales bancarias o la reducción de los horarios de apertura o los niveles de servicio como consecuencia del coronavirus y la mayor importancia de las transacciones financieras digitales y la reducción del uso de dinero en efectivo debido a las precauciones sanitarias.
El informe hace referencia a nuestro país confirmando que en España, el envejecimiento de la población es un tema muy relevante a nivel de política institucional, incluyendo la sostenibilidad de la Seguridad Social y las pensiones, la atención sanitaria, las telecomunicaciones o la dependencia de las personas mayores. Se asegura además que se han introducido una serie de leyes con disposiciones específicas relativas a la tercera edad en relación con estas áreas.
Como conclusiones a la hora de generar políticas y prácticas para mejorar los resultados tanto en las generaciones actuales de personas de mayor edad como de las futuras, en el G20 de Fukuoka se establecieron las siguientes prioridades:
