Si hay un colectivo con el que la pandemia se ha cebado de lleno, ese es sin duda el de personas mayores, y más concretamente con aquellas que estaban ingresadas en residencias de ancianos. De hecho, tal y como se asegura en el estudio Abandonadas a su suerte de Amnistía Internacional, varios informes aseguran que alrededor del 70% de las muertes se produjeron en residencias. Muertes que, a 15 de noviembre, fecha en la que se cerró dicho análisis, ascendían a 40.749 personas. Fueron las comunidades de Madrid y Cataluña las que tenían una tasa más alta en este tipo de fallecimientos, siendo de un 43’46% en el caso de la primera y casi un 47% en la comunidad catalana.
Dichas cifras, tal y como aseguran desde Amnistía Internacional, dejan entrever que las medidas adoptadas por las autoridades españolas para hacer frente al covid-19 durante la primera ola de la pandemia, además de ser ineficaces para proteger a un colectivo especialmente frágil, vulneran los derechos humanos de las personas que viven en las residencias de mayores, en concreto el derecho a la salud, la vida, a la no discriminación y a una muerte digna.
Pero, ¿qué fue lo que hizo que el covid-19 se expandiera a sus anchas por las residencias de ancianos? Según Abandonadas a su suerte, las medidas aplicadas por las autoridades españolas fueron tardías e insuficientes, entre otras cosas porque se elaboraron protocolos con pautas que en la práctica supusieron la exclusión generalizada de la asistencia sanitaria adecuada de acceso a hospitales de personas provenientes de residencias, lo que supone un trato discriminatorio y la vulnerabilidad del derecho a la vida de este colectivo. A pesar de las advertencias de la OMS y del Ministerio de Sanidad sobre el riesgo corrían las personas mayores “no nos preparamos suficientemente. De haber tomado medidas más rápidamente hubieran permitido evitar la irrupción del virus en muchas residencias tan rápidamente. Tendríamos que haber estado más prevenidos y preparados”, explica la vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. En el informe también señalan que todo esto se vio agravado por el impacto de las medidas de austeridad y el consecuente debilitamiento del sistema sanitario público en España.
Otro de los factores de que la covid-19 se extendiera en las residencias de mayores fue el hecho de que, durante el pico de la pandemia, el personal sanitario no contaba con la protección adecuada (falta de EPIs, mascarillas, etc) ni acceso oportuno a los test lo que provocó contagios. Además de que fueran los sanitarios los que “esparcimos el virus”, según palabras del director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, todo esto también trajo un gran número de bajas de personal, por lo que las dificultades para poder implementar las directrices marcadas por diferentes instituciones cada vez eran mayores y contratar personal nuevo era bastante complicado, no teniendo muchos de los remplazos la cualificación necesaria para atender a los residentes.
El derecho a la no discriminación se rompió en el momento en el que hubo personas residentes necesitadas de atención médica sanitaria a las que no se les dio la oportunidad de un tratamiento adecuado de posible covid-19, ni en la residencia, ni en el hospital. Tanto en Madrid como en Cataluña, hubo momentos donde no se realizaron ingresos en hospitales, y las pocas derivaciones que se dieron, fueron la excepción y en ocasiones ya fatalmente tarde. La decisión práctica de no derivar se aplicó de forma automatizada y en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas. Aunque durante la primera ola de la pandemia se llegó a hablar de la “medicalización de las residencias”, esto no sucedió. Además de no ser materialmente viable transformar una residencia en un hospital, ese incremento de dotación de recursos (materiales y personales) nunca se llevó a cabo, y las autoridades fallaron en adoptar medidas alternativas que garantizaran la asistencia sanitaria médica adecuada de este grupo vulnerable, de forma que, según asegura el informe, las personas mayores que estaban en residencias quedaron abandonadas a su suerte.
Amnistía Internacional señala que, simplemente por el lugar de residencia, el derecho a la dignidad y a la vida privada y familiar, de las personas mayores también fue vulnerado por el “encierro de facto” y confinamiento de las personas mayores en sus propios cuartos durante largos periodos de tiempo. La restricción de las visitas, así como la cancelación de las actividades normales contribuyeron a la soledad de las personas residentes a su rápido deterioro. En muchos casos, las personas se han muerto solas, por lo que se ha violado el derecho a la muerte digna, además del trauma que ha supuesto para sus familiares.
Con este estudio, Amnistía Internacional quiere demostrar que las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia, en particular en Cataluña y en Madrid, han sido inadecuadas y han vulnerado los derechos humanos de los mayores que vivían en residencias e insta al Gobierno Central y a las Comunidades Autónomas, a adoptar una serie de medidas. Dentro de las mismas, con carácter urgente, destacan:
El estudio Abandonadas a su suerte también propone una serie de medidas particulares para las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña, y recomendaciones para adoptar a medio y largo plazo.
