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Aspira a ser un referente sobre los derechos de las personas mayores, y, en particular, pretende facilitar la especialización de los abogados sobre la materia.
Los resultados del Tratado señalan la necesidad de reforzar la protección positiva de las personas mayores tanto en el ordenamiento jurídico español como internacional (con especial referencia a la perspectiva de género), armonizándolos y actualizándolos a los nuevos tiempos y a las necesidades que este grupo demanda.