Persiste la presión para mantener las pensiones en niveles adecuados y que sean sostenibles desde el punto de vista financiero ya que el envejecimiento de la población se está acelerando en la mayoría de los países de la OCDE. En 1980 había dos personas con más de 65 años por cada 10 personas en edad de trabajar y en 2020 se prevé que aumente a poco más de tres, mientras que en 2060 alcanzará la cifra de seis.
Las recientes reformas han flexibilizado los requisitos de edad para recibir una pensión, aumentaron las prestaciones y han proporcionado una mayor cobertura. Las tasas de contribución se han modificado en Hungría, Islandia y Lituania. Por otro lado, las pensiones mínimas aumentaron en Austria, Francia, Italia, Méjico y Eslovenia y también se incrementaron los beneficios para los trabajadores con bajos ingresos en Alemania.
En el caso de España se han suspendido medidas como el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización para hacer frente a las presiones financieras debido al envejecimiento.
Solo Estonia ha aumentado la edad de jubilación. En cambio, Italia, Países Bajos y la República Eslovaca ampliaron las opciones de jubilación anticipada o limitaron los incrementos previamente anunciados en la edad de jubilación.
Con la mejora de las condiciones económicas, la presión financiera para reformar los sistemas de pensiones ha disminuido de forma que algunos países han suavizado las medidas impopulares introducidas en un contexto de crisis. Retroceder en las reformas que abordan las necesidades a largo plazo puede hacer que los sistemas de pensiones sean menos resistentes a las crisis económicas del futuro y no se esté preparado para hacer frente al envejecimiento de la población.
Los empleados a tiempo parcial y temporales, así como a los trabajadores por cuenta propia representan más de un tercio del empleo en los países de la OCDE en general. El desarrollo de nuevas formas de trabajo podría debilitar las perspectivas de ingresos de las futuras generaciones de jubilados.
