Los seguros de vida con cobertura por fallecimiento pagan a los beneficiarios una suma predefinida, en el momento de producirse el deceso de la persona asegurada. En contraprestación, el tomador, que identificaremos para simplificar la exposición con el asegurado, debe satisfacer un conjunto de primas. En el momento de pactarse el seguro, prestación y primas son equivalentes según la esperanza de vida estándar asociada por edad al asegurado. Si bien, el objetivo primordial del seguro es proteger monetariamente a las personas allegadas al tomador/a como hijos o cónyuge, ante la contingencia de su fallecimiento, desde un punto de vista económico-contable, una póliza puede entenderse como un activo para el tomador y, por tanto, parte de su patrimonio.
Dado que un seguro de vida es un activo del asegurado, puede ser valorado mientras está en vigor y el titular no ha fallecido. Una primera aproximación a dicho valor podría ser la provisión matemática que debe dotar el asegurador en el pasivo de su balance, que se calcula considerando la esperanza de vida “promedio” acorde a la edad del asegurado. Una segunda aproximación es el valor de rescate del seguro; esto es, la cantidad monetaria que efectivamente pagaría la compañía de seguros al tomador en el caso de que éste solicitase cancelar la póliza anticipadamente. En la práctica, dicho rescate es un montante notablemente más pequeño que la provisión matemática. Una tercera alternativa consistiría en conocer el precio estaría dispuesto a pagar un eventual inversor para convertirse en beneficiario. En este caso, el inversor valoraría la póliza de forma individual y no en el contexto de una cartera de pólizas, que es cómo debe calcular la provisión matemática la compañía de seguros. Por tanto, el potencial comprador evaluaría la póliza a partir de la esperanza de vida real de la cabeza asegurada en lugar de utilizar la estándar empleada por el asegurador. Si la expectativa de vida real es notablemente inferior a la teórica, el precio de la póliza obtenido por esta vía debería ser sustancialmente superior al valor de rescate y a la provisión matemática.
En el mercado asegurador español y en la mayor parte de los europeos, la única forma que tiene el tomador para liquidar anticipadamente un seguro de vida es aceptar el valor de rescate. Por tanto, en la práctica, existe un mercado secundario de pólizas de seguros de fallecimiento en el que el asegurador ejerce un monopsonio sobre las pólizas que emitió (de Andrés y González-Vila, 2021). En cambio, en Estados Unidos, los tomadores, para liquidar anticipadamente sus pólizas, tienen la alternativa de venderlas a terceros a través de las operaciones denominadas como life settlement. Éstas pueden definirse como acuerdos en el que un asegurado obtiene una cantidad monetaria al transferir su póliza a un inversor, de forma que el este último se convierte en beneficiario, pero asume la obligación de pagar las primas pendientes (Ingraham y Salani, 2004). Este tipo de transacciones emergen a mediados de los años 80 del siglo pasado bajo el nombre de viatical settlement. En estas transacciones, el asegurado implicado era un enfermo terminal de SIDA que merced a esta transacción, obtenía por su póliza un precio sustancialmente superior al valor de rescate. De esta forma, podía costear en mejores condiciones los caros cuidados paliativos para su dolencia (Giacolone, 2001). En la década de 1990, debido a los avances médicos, el SIDA pasa a ser una enfermedad crónica y comienza entonces el crecimiento de las operaciones que comúnmente se denominan como life settlements. En estas operaciones, el asegurado no necesariamente padece de una enfermedad terminal, sino que suele ser una persona mayor de 65 años con una esperanza de vida inferior a la estándar según su edad y sexo (Giacalone, 2001).
La posibilidad de pactar un life settlement como alternativa al rescate genera una mayor liquidez al mercado secundario de los seguros de vida. No obstante, las pólizas de vida, que son activos no estandarizados y nominativos, continúan siendo muy ilíquidas y difíciles de negociar en mercados financieros organizados. Por esta razón, igual que otros activos con los que comparten características como, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, son transformados en activos negociables en bolsas de valores a través de un proceso de titulización. En virtud de dicho mecanismo, la titularidad de las pólizas pasa a ser de un fondo de titulización ad-hoc, que agrupa multitud de pólizas en paquetes de contratos similares. Éstas emiten bonos de titulización que se asientan sobre los paquetes de pólizas aglutinadas por el fondo (los denominados como life settlement asset backed securities) y serán los activos que finalmente adquieran los inversores. Dichos bonos, son conocidos popularmente como death bonds (bonos de muerte), ya que los flujos de caja que proporcionan (principal y dividendos) provienen de las prestaciones de las pólizas en que se asientan dichos activos, que devengan cuando los asegurados fallecen. Una amplia panorámica de todo el complejo proceso que media desde que un proveedor de pólizas de vida contacta con un tomador hasta que se emiten bonos de titulización puede consultarse en Braun, Affolter y Schmeiser (2016).
Sin un mercado de life settlements y bonos de muerte, un seguro de vida sólo puede liquidarse anticipadamente a través del pago de rescate por parte del asegurador inicial. Al ser este el único comprador posible, fijará el precio. Los monopsonios no son ni justos para los vendedores ni económicamente eficientes para la economía. Un mercado secundario amplio y líquido elimina el monopsonio de los aseguradores y, como consecuencia, facilita al asegurado obtener un precio de liquidación anticipada más justo. El hecho de que en las transacciones secundarias no actúen únicamente los asegurados e inversores, sino también otros agentes como el bróker, el evaluador médico, el proveedor, etc. cuyos ingresos dependen de sus habilidades profesionales y su honestidad, facilita que la póliza se acabe valorando de forma más justa.
Un mercado secundario de seguros de vida amplio aumenta la liquidez de las pólizas y, por tanto, su valor. Asimismo, la posibilidad de acuerdos life settlement permite al asegurado liquidar anticipadamente su póliza por un valor superior al de rescate cuando su esperanza de vida es notablemente inferior al estándar que le correspondería. Por tanto, la existencia de un mercado secundario para las pólizas de vida profundo y líquido debería conducir a un crecimiento de su demanda en el mercado primario (Gatzert, 2010).
La posibilidad de vender las pólizas de vida mediate life settlement aumenta su versatilidad y, por tanto, su atractivo. A la tradicional función de cobertura ante el fallecimiento de la persona asegurada, que es de especial interés cuando ésta se encuentra en una edad activa y tiene personas dependientes a cargo como los hijos, también se añade su función de instrumento de previsión de la jubilación; ya que es en este rango de edades en el que se registra el grueso de venta de las pólizas. Cuando la persona asegurada llega la edad de retiro, seguramente sus hijos se hayan emancipado y la cobertura de la mortalidad de la “cabeza de familia” pierda interés; mientras que, en cambio, hacer frente a su longevidad sea un problema más relevante. La utilidad de los life settlements para tomadores jubilados en este segundo aspecto queda potenciado por el hecho de que el precio de las pólizas en un life settlement se revaloriza notablemente en circunstancias que impliquen un mayor nivel de dependencia.
Giaccotto, Golec y Schmutz (2017) reportan que los bonos derivados de los life settlements proporcionan una combinación rentabilidad/riesgo muy interesante a los gestores de carteras. Si bien, su volatilidad es superior a la de los mercados de bonos corporativos de Estados Unidos y la del índice Standard and Poors 500, su rentabilidad también es significativamente más elevada. Asimismo, otro aspecto positivo que proporcionan los bonos de muerte a los administradores de carteras de inversión es que, dado que este tipo de activos están afectados únicamente por el riesgo de longevidad, su rentabilidad no está relacionada con la de los activos financieros convencionales. Paradójicamente, a pesar de que las compañías de seguros inicialmente se opusieron al desarrollo de las transacciones sobre pólizas de vida que no fueran los tradicionales rescates, son actualmente actoras muy relevantes en el mercado de bonos de muerte que, además de entender como una inversión, forman parte de la estrategia de cobertura de las pólizas emitidas (Wang, Hsieh, y Tsai, 2011).
Sin duda, podemos simplificar la inversión en pólizas de vida como una apuesta sobre la fecha de fallecimiento de los asegurados. Tomando esta perspectiva, Goldstein (2007) califica a los bonos de muerte como “el esquema de inversión más macabro ideado nunca por Wall Street”. A finales de la primera década de los 2000, tras la crisis hipotecaria en USA (y, por tanto, de los impagos de los bonos de titulización hipotecarios) los bonos de muerte tomaron un impulso importante ocupando una parte del vacío que dejaban los bonos hipotecarios. Ello llevó a algún columnista económico afirmar que Wall Street no se conformaba con vender activos “muertos” (las hipotecas subprime) sino que, con total desvergüenza, también vendía personas muertas. Este argumento lleva a algunos autores como Glac, Skirry y Vang (2012) abogar por la prohibición de estas transacciones sobre seguros de vida. Dichos autores señalan que, como órganos del cuerpo humano, propiedad no implica automáticamente el derecho de venta y, por tanto, las pólizas de seguro de vida deberían tener la misma consideración. Un contrapeso al argumento de “apuesta siniestra”, es que los bonos de muerte no suponen una apuesta directa sobre la fecha de fallecimiento de una persona concreta, pues se emiten sobre un pool de pólizas. La “apuesta” real es que, en promedio, las fechas de fallecimiento del pool se comportarán conforme a lo previsto. No obstante, debe reconocerse que suscribir este tipo de activos genera deseos “negativos” en los compradores. Así, por ejemplo, los suscriptores de bonos de titulización hipotecaria se ven beneficiados (y por tanto, deberían desear) que se den las condiciones necesarias para que el éxito económico de los prestatarios de las hipotecas que sustentan los bonos sea, si cabe, superior al previsto. En cambio, para un suscritor de bonos de muerte, noticias positivas como nuevos tratamientos contra una determinada enfermedad, suponen una noticia indeseable para la rentabilidad de los bonos. Está documentado que los rendimientos de los bonos de muerte que, en general, no están correlacionados con las acciones y los bonos corporativos, sí presentan una correlación alta y negativa con los activos emitidos por empresas farmacéuticas y biotecnológicas (MacMinn y Zhu, 2017).
Otra objeción típica a los life settlements es que estos modifican el propósito del seguro de vida, que es dar una protección económica a las personas allegadas al titular de la póliza; es decir, se pierde el denominado como interés asegurable. La consecuencia más inmediata según Martin (2010), es la creación de los bonos de muerte, que según él se trata de productos complejos, de difícil comprensión y en ocasiones, asentados sobre contratos fraudulentos. Esta reflexión le lleva a aconsejar la prohibición de este tipo de transacciones y productos. La controversia sobre la inexistencia de interés asegurable en los seguros de vida tiene precedentes en el Reino Unido del siglo XVIII, cuando se puso de moda entre los miembros de la burguesía apostar sobre la fecha de muerte de celebridades con problemas de salud contratando seguros sobre su vida. La Life Assurance Act aprobada por el Parlamento inglés en 1774 prohibió suscribir una póliza sobre la vida de otra persona cuando no existiera interés asegurable (Braun, Cohen, Malloy y Xu, 2019). Es evidente que un life settlement genera inexistencia de interés asegurable para su nuevo propietario. El primer caso legal relacionado con este problema en un contexto de venta de seguros de vida fue Grigsby vs. Russell en 1911, en el cual la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el Dr. Grigsby, que compró la póliza de vida de un paciente y pagó las primas hasta su muerte, tenía derecho al capital asegurado. La decisión otorgaba a las pólizas de vida las características ordinarias de la propiedad privada y, desde entonces, en Estados Unidos la transacción de una póliza de vida ha tenido una base legal. Se priorizó por tanto el derecho a la propiedad privada a la necesidad de interés asegurable en la venta de seguros de vida. En lo que respecta al mercado de seguros español, según Mendoza y Monjas (2011) no existen limitaciones legales para cambiar a un beneficiario de seguros de vida a lo largo del tiempo.
La inexistencia de trabas legales a un mercado bursátil asentado sobre pólizas de vida supone la prevalencia del seguro de fallecimiento como activo financiero sobre su naturaleza de protección a seres allegados, que es su propósito inicial. Este aspecto, que sin duda tiene los aspectos positivos remarcados anteriormente, no está exento de problemas. Una clara implicación es la aparición de contratos fraudulentos conocidos como STOLIS (Stranger Originated Life Insurances) (Nurmberg y Lackey, 2010). Los STOLIS son pólizas suscritas a crédito por asegurados cuya salud está por debajo del estándar, con el préstamo proporcionado por un inversor final y para los que sus primas se determinan en el mercado primario como comúnmente se hace, suponiendo una esperanza de vida estándar. El objetivo de dicho inversor es convertirse en propietario de la póliza y venderla al acabar su periodo de desistimiento. En cualquier caso, aunque las pólizas sobre las que se asiente el mercado secundario sean perfectamente lícitas, al ser objeto de ulteriores transacciones, una crítica ampliamente extendida es que socavan la dignidad humana reduciendo a las personas a meros activos financieros (Leimberg, 2005).
Por otra parte, los life settlements y los bonos de muerte agudizan los problemas morales inherentes al negocio asegurador, generándose nuevas situaciones de selección adversa y riesgo moral (de Andrés, 2020). Por ejemplo, el riesgo moral puede llevar a los propietarios de pólizas a mejorar sus hábitos de salud después de vender el seguro, dado que sus seres queridos ya no tienen protección financiera ante su muerte y el precio obtenido por la venta de la póliza puede dedicarse a mejorar sus cuidados médicos (Ruß, Bauer y Zhu, 2018). Desde luego, esta consecuencia no necesariamente es indeseable, al menos desde un prisma de salud pública. El contrapunto a este comportamiento es que, con anterioridad a la venta, el mismo asegurado puede sentirse tentado a actuar conscientemente contra su salud para obtener un mejor precio por la póliza. Así, está documentado casos de pacientes con SIDA que, con el fin de obtener un mayor precio por sus pólizas, intentaron reducir sus valores de linfocitos T dejando de tomar su medicación (Glac, Skirry y Vang, 2012).
Entendemos interesante finalizar remarcando que en el estudio elaborado por de Andrés, González-Vila y Arias (2021) se preguntó a una muestra de personas con conocimientos sólidos sobre mercados financieros y del seguro (asesores financieros, profesores universitarios, corredores de seguros, etc.) sobre su disposición a vender o a aconsejar la venta de un hipotético seguro de fallecimiento en caso de necesidad. En este estudio se observaba que, si bien, las respuestas reconocían la existencia de problemas éticos y morales en los life settlement, los principales determinantes en la decisión de vender eran la utilidad percibida en la transacción y la opinión que podrían tener las personas allegadas sobre dicha transacción. En cambio, las cuestiones éticas y morales percibidas no tenían influencia significativa en la decisión de vender la póliza.
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