Entre las principales conclusiones destaca que el 71 % de las personas mayores de esta consulta manifestó tener problemas de justicia para los cuales quería una solución. Más de la mitad de ellos, el 53%, no tuvo justicia.
Los problemas de justicia más comunes que los participantes han tenido son disputas por propiedades (29 %); acceso a servicios públicos (19 %); problemas de dinero o deudas y como consumidores (14 %); disputas familiares como divorcios y herencias (13 %); violencia y crimen (9 %), y problemas en el trabajo como ser despedidos injustamente (8 %).
Las personas mayores se enfrentan a barreras específicas para acceder a la justicia porque son mayores y gozar de este derecho tendría un impacto positivo en la dignidad y en el bienestar. Comentaron que obtener justicia les permitiría vivir vidas autónomas e independientes, elevaría su autoestima y podría mejorar su salud mediante un mejor acceso a los servicios de salud. Podría mejorar su situación económica también, al permitirles mejorar sus ingresos, invertir o ahorrar para su futuro.
Respecto al trabajo y el acceso al mercado laboral, en el informe se destaca que el 41 % de las personas mayores que participaron en la consulta comentaron que se les había negado trabajo debido a su edad.
Las edades obligatorias de retiro, los estereotipos negativos sobre la capacidad de trabajar de las personas mayores y las normas sociales que dicen que no deberían trabajar son factores que limitan las oportunidades para acceder al trabajo. A estos factores se les suma la falta de oportunidades de capacitación o actualización y la indiferencia frente a su experiencia previa.
El informe también recoge que las leyes internacionales de derechos humanos no abordan de manera adecuada la aplicación específica del derecho al trabajo en el contexto de las personas mayores.
