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Cada vez hay menos europeos en edad de trabajar, pero más ciudadanos mayores. Dos factores que condicionan muchas de las decisiones económicas de los gobiernos europeos, si bien algunos expertos alertan sobre su infravaloración en el análisis riesgo país.
Los riesgos de la financiación de la deuda soberana a largo plazo de estas dos macrotendencias demográficas “pueden ser significativamente mayores de lo que se suponía”. Esta es la principal advertencia que la agencia alemana de rating Scope lanza en un estudio en el que se identifica la necesidad de ponderar con realismo esta situación, al tiempo que ofrece vías para mitigar su efecto.
En los próximos 30 años habrá unos 80 millones menos de europeos en edad de trabajar, lo que supone una merma del 16%. Además, la población mayor de 65 años sobre el porcentaje de la población en edad de trabajar aumentará en 20 puntos, pasando del 30% al 50%.
Pero quizás el dato que mejor ilustra el nuevo escenario hacia el que avanza la sociedad y la economía, es que se pase de los tres trabajadores actuales por cada persona dependiente, a tan solo dos. Scope resume algunos de los afectos que esta nueva ponderación puede tener:
Pero el aspecto más interesante del análisis de Scope es la medición de este irremisible envejecimiento social sobre la deuda soberana a largo plazo. Para cuantificarlo, se mide el impacto en cinco de los canales de su modelo de análisis de riesgo.
Desde el análisis macroeconómico, el aumento de la población mayor es una mala noticia para el Producto Interior Bruto (PIB):
Lo importante es que los gobiernos tengan capacidad para impedir que este cambio inexorable merme la calidad de vida de sus ciudadanos. Como ya se avanzó, por ejemplo, mejorando la productividad, objetivo para el que se proponen medidas como planes de innovación nacionales, inversión pública o planificación de la inmigración.
Una caída del PIB, reduce la fuente de ingresos de los gobiernos para pagar su deuda:
En este contexto, la agencia de calificación de deuda considera como indispensables las reformas en los sistemas de pensiones y la sanidad, además de la aprobación de otras medidas para reducir la deuda pública. Se aconseja reorientar el gasto público hacia las políticas generadoras de riqueza como educación e I+D, para que un mayor crecimiento económico no haga indispensable una mayor presión fiscal.
Este tercer canal analiza el riesgo del crédito soberano desde ámbitos como la salud del sistema bancario nacional, el efecto de los tipos de interés o los activos inmobiliarios.
El estudio reconoce las dificultades de medir los efectos que el cambio demográfico va a tener en un momento de transición medioambiental global. Por ello, el impacto de este parámetro sobre la financiación país, quedará condicionado a cómo evolucione el modelo en su decisivo giro hacia una economía verde.
Pero en este tema se mira al futuro con optimismo. El estudio cita iniciativas como los fondos Next Generation de la UE, que apuestan por la economía verde como principal motor de la recuperación postpandemia.
El último de los vectores analizados habla de las preferencias políticas. En esta área el estudio destaca la preferencia del voto del senior en apoyo del estatus quo. Esta mirada prosistema puede tener sus efectos en materias sensibles como:
De este modo el llamado poder político gris, muy participativo además en las consultas ciudadanas, irá incrementando su influencia, y en lógica consecuencia irá mereciendo de forma creciente la atención de los programas electorales.