A lo largo del último siglo los sistemas de pensiones se han estructurado a través de dos modelos con el nombre de sus promotores:
El modelo BISMARCK (con origen en Alemania hace un siglo) es un sistema de reparto contributivo. De reparto significa que su financiación procede de las cotizaciones de los trabajadores actuales. No obstante, la pensión de la persona jubilada se calcula teniendo en cuenta las cotizaciones de esta a lo largo de su vida laboral (de ahí que se denomine también contributivo). Este esquema descansa en cotizaciones elevadas, por lo que los individuos asumen que la pensión será suficiente para cubrir las necesidades vitales, y por tanto, no necesitan ahorrar para este fin. Su objetivo es generar una renta de reemplazo durante la jubilación equivalente al salario. Requiere de un pacto intergeneracional (la generosidad de la pensión depende de la recaudación obtenida con las cotizaciones de los trabajadores del momento) por lo que es sensible a la demografía, es decir, a la relación “población jubilada/población trabajadora”, ya que esta última soporta financieramente a la primera; sí esta ratio demográfica aumenta se produce un desequilibro que lleva al colapso del sistema.
El modelo BEVERIDGE (introducido en Reino Unido a mediados del S.XX para luchar contra la pobreza en la etapa anciana) es también un sistema de reparto, pero a diferencia del anterior, la pensión no es contributiva, sino asistencial, garantizando un nivel de subsistencia igual para todos los ciudadanos, independientemente de su contribución. El monto de las pensiones es más bajo, por lo que las cotizaciones son inferiores, requiriendo un pacto intergeneracional de menor intensidad, a cambio de un pacto intrageneracional de mayor magnitud, pues los individuos de la misma generación obtienen la misma pensión, independientemente de lo cotizado. El Estado limita su función a evitar la pobreza, e incentivar el ahorro, adquiriendo el individuo la responsabilidad de provisionar sus necesidades futuras. Bajo esta modalidad las personas tienen mayor disposición a ahorrar, al anticipar pensiones inferiores, y disponer de incentivos al ahorro, fiscales o de otro tipo. Es un esquema menos sensible a la demografía al necesitar recaudar menos, condicionado, eso sí, al ahorro que los ciudadanos van capitalizando a lo largo de la vida, que es el mecanismo que garantiza el estado de bienestar de los mayores, más allá de la pura subsistencia.
En origen, las pensiones a pagar en ambos sistemas eran pocas y en un tiempo limitado; la edad de jubilación (prácticamente invariable desde entonces) estaba por encima de la esperanza de vida al nacer.
Ningún país tiene hoy un esquema puro Bismarck o Beveridge, la mayor parte son modelos híbridos; algunos sesgados hacía sistemas de reparto contributivos tipo Bismarck (España, Alemania, Italia, Portugal, Francia, Austria, etc.) pero moderados con topes mínimos y máximos en las pensiones y las cotizaciones; otros responden al esquema Beveridge de reparto asistencial (UK, Irlanda, US, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Dinamarca, etc.) complementado con ahorro individual (contributivo) incentivado fiscalmente o mediante otros mecanismos (por ejemplo suscripción automática a fondos de inversión, con opción de cancelación para los ciudadanos).
Las cotizaciones del modelo Bismarck suponen un 10% -12% del PIB; las del Beveridge un 5%-6%. Por el contrario, el ahorro privado de los países con modelos Bismarck es del 1%-2% del PIB, frente al 6% alcanzado en aquellos con modelos Beveridge. Ambos llegan al mismo estado de bienestar a través de diferentes mecanismos.
Las pensiones españolas siguen un modelo Bismarck bastante puro, en el que tanto las pensiones como las cotizaciones máximas están topadas, por lo que el pacto intrageneracional es moderado, siendo el intergeneracional muy intenso. La tasa de reemplazo (neta de impuestos) es superior a la media de la OCDE. Según este organismo1 las pensiones españolas equivalen al 80% del salario (62% en la OCDE); nivel superior al de Alemania (53%) y Francia (74%); inferior al de Portugal (90%) o Austria (87%); y similar al de Italia (82%), países con esquema Bismarck.2
Presupuestariamente la vuelta al equilibrio pasa por: (a) aumentar ingresos vía cotizaciones u otros impuestos; (b) contener gastos rebajando la generosidad del sistema – en cuyo caso habría que incentivar el ahorro privado – o alargando la edad de jubilación. Conceptualmente la disyuntiva reside en elegir entre el mantenimiento del actual esquema Bismarck alargando la edad de jubilación y elevando las cotizaciones para hacerlo sostenible, o el tránsito progresivo hacia un modelo Beveridge, que fomente el ahorro personal y reduzca la dependencia del factor demográfico. Comparto algunas reflexiones sobre las implicaciones de las distintas alternativas.
En España, el 50% del empleo es generado por pymes pequeñas (< 50 empleados) y micro-pymes (< 10) constituyendo un sistema productivo frágil y muy sensible al coste de las cotizaciones sociales3. Subir las cotizaciones, en un país con un desempleo estructural elevado, es arriesgado por su potencial impacto negativo en el empleo, que perjudicaría la recaudación por cotizaciones, incrementando el gasto en prestaciones por desempleo y salarios de inserción.
Una alternativa con menor impacto en el empleo y en las pymes, que sería asumida por las empresas de más tamaño y los trabajadores con mayores salarios, sería destopar totalmente las bases máximas de cotización, sin aumentar las prestaciones en la misma cuantía4. Esta opción exige una mayor generosidad intrageneracional. La reforma silenciosa que se ha realizado a lo largo de los últimos años, elevando progresivamente la base máxima de cotización hasta los 49.000€ anuales, sin subir en igual cuantía la pensión, ha ido en esta dirección. Este destope parcial de la cotización afecta menos a los salarios muy elevados, siendo más pernicioso para los que quedan en el límite impuesto.
Financiar las pensiones con impuestos no parece adecuado si se quiere mantener un esquema parcialmente contributivo, ya que toda la población estaría contribuyendo mediante el pago de impuestos a sostener las pensiones (mientras solo aquellos que hubiesen cotizado en el mercado laboral tendrían derecho a pensión). Sí tiene sentido financiar con impuestos las pensiones no contributivas o asistenciales (aquellas que se reciben sin haber cotizado). Esta alternativa no elimina el déficit, sino que lo traslada del ámbito de la Seguridad Social al ámbito del Estado, salvo que se creen impuestos con este fin específico, o se eleven los existentes para esta finalidad.
Reducir la generosidad del sistema mediante un factor de sostenibilidad, que tenga en cuenta las ganancias en esperanza de vida para las nuevas pensiones y la evolución demográfica, parece una forma justa de repartir el coste de las pensiones entre la generación que las va a disfrutar (y que ha aportado menos de lo que va a obtener) y la generación que las va a financiar. Las pensiones españolas son elevadas con relación a los salarios disfrutados, existiendo margen en este sentido. Eso sí, debe incentivarse el ahorro para permitir compensar el recorte de la pensión, y a su vez implementar los ajustes progresivamente, dando tiempo a los afectados de adaptarse.
Habida cuenta del aumento de la longevidad parecería razonable alargar la edad de jubilación reduciendo así el periodo en el que es necesario financiar las pensiones5. La limitación en este sentido se centra en el concepto “esperanza de vida en buena salud”, que no ha evolucionado tan positivamente, situándose actualmente en los 68 años (INE) en media. En la UE-28 el 50% de las personas mayores de 65 años consideran que tienen buena salud, el otro 50% no6. A medida que se avanza en edad se observa un aumento en la diversidad del estado de salud, mientras algunas personas mantienen gran vitalidad, otras tienen sus facultades físicas, mentales o de salud reducidas.
Elevar la edad de jubilación podría frenar la renovación de plantillas, dándose el absurdo, en un país con un alto nivel de paro juvenil, de tener una población joven desempleada, a la vez que una población trabajadora de edad avanzada y salud más delicada y contrarrestando lo ahorrado en pensiones con lo gastado en subsidios de desempleo y rentas de inserción.
En este contexto, un sistema de pensiones sostenible requiere de una reforma del mercado laboral que introduzca flexibilidad, que no precariedad. Es necesario fomentar el empleo a tiempo parcial voluntario, para facilitar la salida progresiva de los trabajadores hacia la jubilación, permitiendo a aquellos que lo deseen alargar su vida laboral durante un periodo transitorio de menor intensidad, acorde con el descenso gradual de las capacidades físicas y mentales que el envejecimiento conlleva y que no afecta de forma homogénea a todos los individuos. Esta posibilidad sería bien recibida por otros grupos de población que podrían conciliar mejor vida familiar y cuidado de hijos o ancianos, o simultanear formación y carrera profesional. Adaptar los regímenes de trabajo, facilitando el teletrabajo, o flexibilizando los horarios de inicio y fin de la jornada laboral, ayudarían en esta conciliación, tanto para los mayores como para el resto de la población. La jornada laboral voluntaria de 4 días es una iniciativa enmarcada dentro de esta deseable mayor flexibilidad.
Un país que ha seguido esta dirección es Holanda, que disfruta de una tasa de empleo del 74% (59% en España) gracias a que el 40% de los trabajadores (15% en España) son empleados a tiempo parcial, la gran mayoría (tres cuartos) de forma voluntaria.7
Desde 2009 la población española residente en Europa se ha multiplicado por dos, alcanzando casi un millón de personas. A su vez, casi dos millones de europeos trabajan en nuestro país. Es necesario abordar la reforma de las pensiones contemplando mecanismos que faciliten la portabilidad de los derechos de pensión entre países de la UE y que faciliten la convergencia de los sistemas de pensiones europeos.
Una iniciativa europea en esta dirección son los planes de pensiones paneuropeos o PEPP, cuya regulación debe ser traspuesta al ordenamiento de cada país durante el 2022. Esta regulación permitirá que los trabajadores puedan aportar a un único Plan, independientemente de su lugar de residencia, obteniendo los beneficios fiscales del país en el que residan, lo que hasta ahora no era posible, ya que las legislaciones exigían invertir en Planes del propio país de residencia.
Otra propuesta es la de usar “cuentas nocionales” para gestionar las pensiones, en las que se registrarían individualmente las contribuciones de cada trabajador, teniendo estos la potestad de cotizar cantidades superiores en determinados momentos, para compensar periodos con cotizaciones inferiores o inexistentes. La pensión se estimaría en base a lo aportado a lo largo de toda la vida laboral8, ajustándose en su caso por un factor dinámico de sostenibilidad que hiciera el sistema viable financieramente. Este mecanismo aportaría transparencia y una visión de hucha a los trabajadores, que deberían llenar a lo largo de su vida laboral, permitiéndoles compensar periodos de empleo y desempleo, o de trabajo por cuenta propia y ajena – que cada vez son más frecuentes – y facilitando la portabilidad de derechos de pensiones entre países de la UE.
El ahorro a través de planes de pensiones (de empleo y privados) u otros instrumentos financieros será determinante para mantener el estado de bienestar de los futuros jubilados. Deben diseñarse con urgencia mecanismos que incentiven el ahorro (deducciones fiscales, contribuciones paralelas de empresas y/o Estado, suscripción automática a planes, etc.). Esos incentivos podrían ser mayores para aquellas personas con edad más cercana a la jubilación, ya que dispondrán de menos tiempo para adaptarse a la situación y tendrán acceso a ellos durante menos años.
La solución al problema de las pensiones no es sencilla y va a ser dolorosa, pero la inacción no es alternativa. Es necesario abordar la reforma a través de un pacto de Estado que, desde una perspectiva global, busque un equilibrio justo en el reparto del coste financiero de la longevidad, y facilite la transición de un sistema no sostenible a otro viable, de forma progresiva, dando tiempo a los agentes (empresas, trabajadores y pensionistas) a adaptarse al nuevo marco. Es imprescindible fomentar la corresponsabilidad de los ciudadanos en el ahorro previsional. Es el precio que deberemos asumir por el disfrute de una mayor longevidad tras la jubilación, que en algunos casos será casi tan amplia como la propia carrera laboral.
