“La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta”
(Jim Abbott).
La vida está llena decisiones financieras. Ahorrar y crear riqueza, adquirir bienes de consumo o contratar un servicio, conlleva a que las personas sopesemos los riesgos y beneficios de una alternativa u otra.
Para poder controlar el proceso de toma de decisiones racionales que diariamente las personas adoptan, es imprescindible entender cuestiones económicas que nos afectan en el día a día.
Los ciudadanos como objeto de derecho que somos, debemos tener la capacidad y la información necesaria, para que podamos participar en las decisiones económicas y sociales que nos incumben, así como tener constancia de los impactos positivos y negativos que determinadas decisiones de consumo pueden acarrear en el sistema en el que vivimos.
Todas las personas poseemos capacidad jurídica desde nuestro nacimiento, con independencia de la edad, estado civil o de salud mental y física que tengamos.
En el mundo hay más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad.
Según fuentes de Naciones Unidas, las personas con discapacidad (aproximadamente un 15% de la población mundial), suelen tener índices de calidad de vida con importantes necesidades de apoyo en áreas asociadas a derechos básicos y fundamentales, como son la salud, la educación, la participación social y la gestión económica entre otras. En definitiva, estas personas presentan tales tasas de pobreza, que su situación en comparación con la de otras colectividades que no requieren ningún tipo de acompañamiento, es preocupante si lo que se pretende, es que se manejen con libertad y en igualdad de condiciones en el día a día.
Según datos del IMSERSO, en España hay cerca de 270.000 personas con discapacidad intelectual, lo que supone el 9% del total de las personas con capacidades diferentes.
Las personas con inteligencia límite (en adelante IL) son personas capaces de planificar sus vidas, desenvolverse y comprender el mundo, con los apoyos adecuados. Sin embargo, en muchas ocasiones su grado de comprensión es relativa o está sesgada, si no logran acceder a la información adecuada y reciben una capacitación pertinente al respecto.
Caracterizados por tener un cociente intelectual -justo por debajo de lo que la OMS considera dentro de la normalidad y justo por encima de lo que considera retraso mental-, presentan desadaptación en áreas como la comunicación, autonomía, vida en casa, habilidades sociales e interpersonales, uso de los recursos comunitarios, habilidades académicas, trabajo, ocio, salud y seguridad. Si a todo esto, se le suma la ausencia de un sustento necesario y la presencia de dificultades para enfrentarse a las exigencias del entorno para realizar Actividades de la Vida Diaria (AVD), las personas con IL son más propensas a encontrarse en una situación de vulnerabilidad y riesgo de pobreza mayor.
Por otro lado, la educación financiera es el dominio de habilidades, conocimientos y prácticas diarias necesarias, que las personas necesitan para tomar decisiones que les permitan administrar y dar seguimiento a su dinero.
Sobre este aspecto destacar por ejemplo, cómo las personas con IL no siempre pueden controlar el 100% del proceso de toma de decisiones racionales que les afectan, sobre todo, en cuestiones como son el manejo de sus finanzas personales y la gestión de la economía doméstica de cualquier tipo de unidad familiar.
En ocasiones, sus apoyos deben acompañarlos para que adquieran una visión analítica de las decisiones que deben tomar, para que entiendan que lo que decidan en su momento presente, les puede cambiar la vida para mejor si lo hacen desde la consciencia, la inteligencia y la responsabilidad ética.
Aunque las personas con IL son personas con importantes grados de autonomía, formarles e informarles, sobre el ahorro y el consumo responsable no es un acto en balde ya que las competencias financieras, también les pueden ayudar a marcarse unos objetivos vitales y diseñar mapas u hojas de ruta, que les permita materializar la meta ideada, así como mejorar su bienestar psico-emocional notablemente.
En este sentido, animarles a que adopten hábitos de consumo ético e inteligente, requerirá además que estas personas dentro de sus limitaciones, puedan saber otras cuestiones relevantes como son saber cuáles han sido las condiciones de producción de los bienes de consumo que emplean en su día a día, si tienen capacidad de influir mediante sus decisiones en las condiciones de producción de los mismos, o si han sido protagonistas activos del ahorro del hogar del que forman parte como miembros.
No es baladí afirmar que tener un propósito en la vida nos hará vivir más y mejor. Tampoco es descabellado, pensar que adquirir competencias financieras básicas independientemente del nivel de entendimiento intelectual que uno tenga, puede ayudarnos a retomar la ilusión por la vida, impulsarnos para apoyar nuestros sueños, así como defender unos derechos que nos pertenecen. Cuando estas cosas ocurren, las personas recuperamos la ilusión, y por consiguiente, ser un poquito más felices, o al menos intentarlo.
La dignidad es un logro y una conquista de la humanidad. Dar a cada persona su lugar en el mundo y ayudar y apoyar a que otras personas lo sean para que puedan tomar óptimas decisiones que mejoren su calidad de vida, es una responsabilidad enorme, pero gratamente satisfactoria.
Ver ejercer con responsabilidad el ejercicio de la libertad individual en las mismas condiciones de igualdad, es un objetivo y un fin del propósito y misión de Fundación Mutualidad Abogacía. Para nosotros, aportar valor desarrollando programas que promuevan la adquisición de este tipo de competencias como herramientas útiles para el ejercicio de una ciudadanía plena, es un tema nuclear inherente al ser humano. Y por esto, creernos, merece la pena trabajar.
