El pasado 9 de abril, la Asociación KlimaSeniorinnen o “Abuelas por el clima” logró que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara por primera vez a un país por su inacción frente al cambio climático. La preocupación de estas mujeres suizas, mayores de 65 años, ha supuesto una toma de conciencia sobre las repercusiones de la crisis climática en la salud y calidad de vida de las personas.
No cabe duda de que cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos o la nueva longevidad son algunos de los retos más importantes del S.XXI. En este sentido, es fundamental que tanto las instituciones públicas y privadas como la sociedad civil aúnen sus esfuerzos para buscar soluciones que contribuyan a un futuro más próspero para todos y a garantizar la calidad y dignidad de vida de las personas.
Sin embargo, ¿existe realmente un verdadero compromiso por parte de los gobiernos y organizaciones privadas por estas cuestiones? ¿qué papel juegan los ciudadanos en el impulso del desarrollo sostenible? ¿es necesaria más educación o más regulación?
Sobre estas y otras cuestiones, Beatriz Acevedo, responsable de sostenibilidad de Mutualidad, ha tenido la oportunidad de conversar con Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética.
Forética, es la organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en España. En este sentido, tenéis una perspectiva global del compromiso de instituciones públicas y privadas en temas como los derechos humanos o el cambio climático, entre otras. ¿Existe un compromiso real de los gobiernos y las entidades privadas en este ámbito?
Podemos decir que la sostenibilidad está en la agenda. Está en la agenda de gobiernos y reguladores. El ejemplo más claro es Europa en la que encontramos innumerables iniciativas de política económica, social y ambiental como el Green Deal, el Plan de Finanzas Sostenibles o los fondos Next Generation, entre muchos otros.
Si miramos más allá de Europa, también encontramos iniciativas como el Build Back Better, el Plan de Ifrastructuras y el Inflation Reduction Act en EEUU. Incluso China tiene un ambicioso plan de reducción de emisiones en su XIV Plan Quinquenal en China.
Por lo que se refiere a las empresas, el compromiso es igual de visible. Un ejemplo lo tenemos en España con la creación del Consejo Empresarial Español de Desarrollo Sostenible, que reúne a más de 50 CEO y presidentes de entre las principales compañías que operan en el país, liderando el discurso y la acción en materia de sostenibilidad.
El compromiso con la sostenibilidad es un fenómeno secular que, aunque también tiene sus ciclos, es el punto de encuentro entre los agentes políticos y económicos sobre dónde avanzar a futuro.
Parece que la conversación sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se ha intensificado los últimos años. ¿En qué situación nos encontramos en España respecto a su cumplimiento? ¿Por qué es importante que todos los ODS avancen al mismo ritmo?
España ha adoptado la Agenda 2030 y los ODS como un marco de referencia para su política nacional e internacional, y ha aprobado un Plan de Acción para su implementación, que se revisa periódicamente. España se encuentra entre los países líderes con un score de 80 sobre 100 de acuerdo con el SDG Index, lo que le sitúa en el percentil 87 de entre los 193 países analizados por este ranking.
Pero ¿qué significa 80 sobre 100? Según los creadores de este índice sígnica que solo le restaría sumar un 20% más al desempeño para un cumplimiento total de los ODS a nivel país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Agenda 2030 es una agenda fundamentalmente política, lo cual ha debilitado el consenso en torno a los ODS entre muchos agentes.
En cualquier caso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen la hoja de ruta sobre la que construir política pública y empresarial para alcanzar una economía sostenible y vertebradora a nivel país y a nivel internacional.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido que tenemos menos de una década para actuar contra el cambio climático o sus consecuencias serán irreversibles. ¿Qué papel juega la sociedad civil en lograr que los Estados y entidades privadas tomen medidas efectivas para frenar esta amenaza planetaria?
La transición hacia una economía baja en carbono es una aspiración tremendamente ambiciosa. Un estudio de Mckinsey estima que la economía mundial debe invertir aproximadamente 275 billones de dólares en esta transición. Esto equivale a 200 años de PIB de España, o a invertir en torno al 10% del PIB mundial cada año. Esto significa que no solo los gobiernos y las empresas deben apostar decididamente por el cambio, sino que los consumidores y los votantes también.
Por eso importante que cada actor haga su parte con convicción. Los gobiernos deben desarrollar políticas que incentiven la transición para que empresas y consumidores se lancen al cambio. Las empresas, deben rediseñar sus procesos e invertir en tecnologías aún poco maduras y al tiempo rentabilizar esta transición.
Los ciudadanos han de adaptar su consumo para minimizar su impacto. Los votantes tienen que entender que esta transformación puede tener costes que deben asumir en el corto plazo, sabiendo que haciéndolo incrementan la oportunidad a largo plazo.
Una agenda regulatoria que no reconozca todos los elementos anteriores no alcanzará los objetivos. La clave es generar oportunidad para no dejar a nadie atrás.
¿Crees que en España se educa realmente a la población sobre medioambiente y las implicaciones sociales negativas que tendría el empeoramiento del cambio climático? ¿Qué echas en falta en este aspecto: más educación o más regulación?
Creo que se han dado pasos muy importantes a nivel educativo y una amplia mayoría de la población está altamente sensibilizada al respecto. Por otra parte, la regulación también ha avanzado mucho dentro del ámbito europeo.
Quizá el mayor riesgo en este momento es la velocidad y la intensidad regulatoria, no porque sea mala necesariamente (como en todo hay partes buenas y otras no tan buenas), sino por el corto espacio de tiempo en el que se están implantando.
Esto puede generar rechazo y polarizar políticamente. Fenómenos como los chalecos amarillos o las revueltas de los agricultores están muy relacionadas con las políticas ambientales. De ahí que es importante esa idea de transición justa o de no dejar a nadie atrás, porque la polarización rompe el consenso, sin consenso no hay estabilidad y sin estabilidad no hay inversión.
En definitiva, lo más importante es evitar la politización de la sostenibilidad. Si lo hacemos, perderemos todos.
¿Cuál es la vinculación entre la protección de los derechos humanos y derecho a una vida digna y de calidad con el medioambiente?
Esta pregunta debe ser analizada en un contexto local. En un país avanzado, la conexión es más fácil de articular. Una mala calidad del aire, las sequías, o fenómenos meteorológicos extremos impactan en la salud de las personas, su calidad de vida y la capacidad productiva del tejido económico.
En un país en vías de desarrollo la realidad es mucho más compleja. Cuando las necesidades básicas no están cubiertas, la desesperación y la corrupción llevan a sacrificar aspectos fundamentales como los derechos humanos o una gestión ambiental adecuada. En este sentido, el rol de los organismos multilaterales y de las cadenas de suministro es fundamental para reforzar la integridad, los derechos humanos y los estándares ambientales allí donde se tiene capacidad de influencia.
Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló, en una sentencia histórica, que Suiza viola los derechos humanos de las personas mayores al no adoptar medidas suficientes contra el cambio climático. ¿Qué valoración haces de esta sentencia? ¿Qué implicaciones tiene?
Se trata de una sentencia sin precedentes en la jurisprudencia. Personalmente, me parece complejo atribuir la responsabilidad a un país a nivel conceptual. Más aún cuando ese país tiene unas emisiones per cápita que son un 13% inferiores a las de España, un 50% inferiores a las de Alemania y que ha venido reduciendo sus emisiones de manera significativa durante los últimos años.
No obstante, esta sentencia va a tener un impacto importante en todos los gobiernos del mundo desarrollado ya que el daño económico y reputacional es muy elevado.
