Hoy hablamos con Yolanda Perelló, profesional del Derecho con una sólida trayectoria y un profundo compromiso con el servicio público, con especial sensibilidad hacia las personas mayores y colectivos vulnerables. Actualmente desarrolla un proyecto innovador, destinado a mejorar su acceso a la justicia.
Mi impulso nace de una combinación de experiencia profesional y vivencia personal. Las personas mayores encuentran importantes barreras para ejercer sus derechos. En el ejercicio de la abogacía y la mediación he visto cómo gestiones esenciales se vuelven inaccesibles para quienes no dominan la tecnología o no comprenden el lenguaje administrativo: trámites que no comprenden, notificaciones que no saben interpretar, servicios que dependen completamente de competencias digitales que no tienen. Y a esto se suma algo que vivo muy de cerca con mi propia madre. La tramitación de la dependencia o el acceso a la banca digital se convierten en un auténtico laberinto.
Ese cruce entre experiencia profesional y experiencia vital me hizo ver con claridad que la edad, la soledad y la brecha digital están generando una nueva forma de vulnerabilidad jurídica. Me llevó a reflexionar sobre la necesidad de ofrecer un modelo de acompañamiento jurídico más accesible y adaptado a sus capacidades y necesidades actuales.
El Lab de Emprendimiento Jurídico me permitió transformar esa reflexión en una iniciativa concreta y el lugar perfecto para impulsarlo.
La principal innovación consiste en situar la accesibilidad y la comprensión en el centro del servicio.
La plataforma permite que cualquier persona, pueda explicar su situación con una simple nota de voz, un vídeo, texto o envío de documentos. Situamos a la persona en el centro, adaptando la forma de comunicarnos a sus capacidades y no al revés.
Otra innovación es la inmediatez y claridad, la combinación entre experiencia humana y tecnología ética. Usamos herramientas tecnológicas entrenadas en normativa local para agilizar el análisis, pero la decisión y el acompañamiento son humanos. Nos permite ofrecer, en menos de 48 horas, un informe comprensible y adaptado, sin jerga innecesaria, con opciones prácticas, para tomar decisiones informadas, sin demoras o frustración.
La tecnología no sustituye al profesional, sino que le permite llegar mejor y más rápido a quien más lo necesita.
A corto plazo, espero que muchas personas encuentren algo que hoy no siempre tienen: alguien que escuche, traduzca y acompañe.
El objetivo es proporcionar claridad, acompañamiento y seguridad a personas que, de otro modo, quedarían desorientadas ante un simple trámite. Este impacto inmediato puede evitar errores, pérdidas de derechos o situaciones de indefensión. A veces, entender una notificación o saber qué hacer ante un trámite, disponer de alguien que traduzca la realidad jurídica ya supone un cambio enorme en su bienestar.
A largo plazo, mi objetivo es que Justicia Accesible se convierta en una red de acompañamiento y apoyo jurídico, integrada con entidades sociales, asociaciones, organismos públicos y profesionales del sector, que permita reducir situaciones de desamparo, fraudes, trámites erróneos o pérdida de derechos por desconocimiento.
Me gustaría contribuir a que nadie quede fuera del sistema, que Justicia Accesible se convierta en un modelo estable de apoyo jurídico. Quiero contribuir a reducir esa sensación de desamparo que tantas personas experimentan ante la administración digital o la complejidad legal. Si logramos que un número significativo de personas mantenga su autonomía jurídica gracias a ese acompañamiento, el impacto será verdaderamente transformador.
Lo primero es asumir que la brecha digital no es solo un problema tecnológico, sino un problema jurídico. Muchos derechos se ejercen exclusivamente por vía electrónica, dejando fuera a quienes no disponen de medios o habilidades digitales.
En segundo lugar, necesitamos procesos más comprensibles y más coordinación administrativa. Procedimientos complejos, notificaciones confusas o requisitos poco claros pueden provocar pérdida de derechos, como he observado en casos reales. No puede ser que un error mínimo o una notificación mal gestionada deje a una persona durante años sin una prestación como el Ingreso Mínimo Vital, como he visto en algún caso.
Y, por último, creo que debemos reforzar la idea de acompañamiento. El sistema debería incorporar una dimensión más pedagógica y accesible. Si queremos realmente proteger a las personas mayores, debemos devolver humanidad y claridad para el correcto ejercicio de sus derechos.
El turno de oficio ha sido una de las experiencias más formativas de mi vida profesional.
Me permitió ver la realidad sin filtros: personas que no solo tienen un problema jurídico, familiar o económico, sino también emocional. En muchos casos, sin nadie más a quien acudir, con angustia, con urgencia y envueltas en una mezcla de soledad y confusión.
Comprendí que la abogacía tiene una dimensión social que va más allá de los procedimientos. Dar seguridad a quien se encuentra en una situación de incertidumbre. Descubrí una vocación que todavía hoy guía mi manera de trabajar: una abogacía cercana, accesible y profundamente humana.
Creo que la abogacía recupera su función social cuando vuelve a mirar a la persona, no solo al procedimiento.
Cuando recuerda que detrás de cada expediente hay una historia, un miedo, una necesidad.
La ciudadanía necesita profesionales que no solo dominen la técnica jurídica, sino que también sean capaces de explicar, orientar y prevenir conflictos.
A quienes empiezan en esta profesión, les diría que la formación continua y la sensibilidad hacia las necesidades reales de las personas son esenciales. El ejercicio del Derecho es, ante todo, un servicio a la sociedad.
El Derecho cambia, la sociedad cambia, y la profesión exige una sensibilidad que vaya más allá de las normas.
No hay mejor momento que ahora para ejercer una abogacía que acompañe, que explique y que construya soluciones en lugar de barreras.
